Por decisión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se suspendió la implementación de los formatos de declaración patrimonial y de intereses que deberían comenzar a ser utilizados por los funcionarios públicos federales, estatales y municipales a partir del próximo 30 de abril.
De acuerdo a los previsto hasta antes de la suspensión, todos los representantes de elección popular, funcionarios, empleados de base y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la Administración Pública, así como los servidores públicos de los organismos autónomos, tanto a nivel federal como estatales y municipales, debían presentar su declaración.
Sin embargo la suspensión fue votada por unanimidad por los integrantes del comité con el argumento de que instituciones de los tres órdenes de gobierno expresaron la imposibilidad técnica y jurídica de implementar los formatos en la fecha programada (30 de abril).
No obstante, el pasado 19 de marzo, dos días antes de la votación, la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México presentó y donó el código de desarrollo de una plataforma electrónica de declaraciones que facilita el llenado, y traducción en base de datos, de los formatos que fueron suspendidos.
La donación de dicho desarrollo remedia la “imposibilidad técnica” que sirvió para justificar esta decisión.
Los formatos suspendidos fueron diseñados en conjunto con el Banco Mundial, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y organizaciones de la sociedad civil.
Estos incluyen una versión pública obligatoria de la declaración patrimonial y de intereses junto con información que garantiza un seguimiento y revisión puntual de la evolución patrimonial de los servidores públicos.
Además, brindan la posibilidad de agrupar la información en bases de datos interconectables para facilitar su revisión.
Contrario al 3 de 3
Mientras se revisan y diseñan nuevos formatos, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción decidió mantener en operación el Sistema Declaranet, el cual permite a los servidores públicos reservar su información y que suscitó una serie de confusiones y contradicciones entre miembros del gabinete federal a principios de año.
Esto prolonga el uso de un sistema de declaraciones obsoleto y opaco, contrario a la demanda ciudadana expresada en la Iniciativa Ciudadana de Ley 3 de 3.
Con los nuevos formatos las declaraciones patrimoniales y de intereses serían públicas, salvo por los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución, conforme a lo establecido por el propio comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Es decir, el servidor público ya no podría decidir qué información puede hacer pública y cuál no.
