Veinte años después de la transición a la democracia y 15 de alternancia en nuestro país los resultados son “mediocres”, la gente está harta de la corrupción y falta de atención a sus necesidades, por eso reclama que se reduzca la desigualdad, que se combata la corrupción y comunidades más seguras, en pocas palabras exige resultados a sus funcionarios públicos, reconoce el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAIP), Joel Salas Suárez.
En entrevista exclusiva con NOTICIAS subraya que ese es el objetivo de Gobierno Abierto, que la población de la mano con las autoridades definan cuáles son las prioridades que tiene que atender un gobierno. “Gobierno Abierto es un nuevo modelo de gobernar en donde las autoridades dejan de tomar decisiones a puertas cerradas”.
Horas antes de presentar el Plan de Acción Local para el Gobierno Abierto, señala que en una democracia los partidos políticos son la vía privilegiada para llegar al poder, sin embargo lo que busca el modelo de Gobierno Abierto es que una vez que llegan al poder, cómo nos aseguramos que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. “Un ejercicio democrático del poder; en realidad lo que busca es transformar la forma cómo se ejerce el poder”.
Expone que la coyuntura de Oaxaca es propicia para ver qué sucede cuando hay cambios de administración. “ Si independientemente del partido político que gane va a haber este compromiso con la sociedad, de sí cumplir lo que la sociedad ya pidió que se realizara o no; creo que esa es una de las grandes oportunidades que va a tener el estado, junto con algunos otros estados que van a tener un proceso electoral el próximo mes de junio”.
-¿Hay sanciones para quienes incumplan esta responsabilidad?
-Hay sanciones por lo que tiene que ver con el cumplimiento de proporcionar la información de oficio, en materia de Gobierno Abierto no están previstas sanciones, pero creo que una gran sanción es la social, que se dé a conocer a las autoridades que incumplen los compromisos. Esperamos que más adelante sí se puedan generar mecanismos de sanción coercitivos, como los hay para las obligaciones de transparencia, por ejemplo.
-¿El proyecto comprende todas las entidades del país?
-Estos ejercicios los iniciamos el año pasado, se sumaron 13 entidades federativas, solo 3 publicaron su plan de acción y Oaxaca va a ser el cuarto. De 13, solo 4 y este año vamos a arrancar con otras 7 entidades, entonces participan en la iniciativa más del 70 por ciento de los estados.
Salas Suárez manifiesta que México está haciendo cosas importantes en materia de transparencia, “pero sin duda hay una gran percepción de corrupción a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que nos lleva a decir que en estos 12 o 13 años de existencia de legislaciones en materia de transparencia, no se ha logrado reducir la percepción de la corrupción, porque más bien hay más información pública y se genera esta sensación de que la corrupción aumenta”.
Añade que el tema de fondo es que la información pública que se conoce no ha servido para generar sanciones y, por lo tanto, modificar los comportamientos de muchos servidores públicos. “Ese es el gran desafío que tenemos por delante: hacer armonía entre el sistema nacional de transparencia y el sistema nacional anticorrupción que está por aprobarse por el Congreso federal, con la finalidad de que actos de presunta malversación de fondos o demás actos de corrupción no queden impunes”.
