Oaxaca.- Once personas fallecidas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza pública, es el resultado del informe preliminar presentado por Código DH sobre violaciones a los derechos humanos por los hechos registrados el 19 de junio en Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca.
El documento -elaborado con el apoyo de otras seis organizaciones sociales- se basó en la investigación y documentación realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes entrevistaron a personas testigos y víctimas de los hechos represivos ocurridos.
Puntualiza que la situación en Oaxaca, es una realidad de la profunda crisis de derechos humanos del país, que según han señalado organismos internacionales como la CIDH, la ONU-DH, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, o el Relator Especial para Libertad de Expresión, quienes destacan lo sistemático de las violaciones de DDHH, lo exacerbado del uso de la fuerza pública y la impunidad. Aun cuando se transita a un nuevo sistema de justicia penal, el mismo se encuentra muy cuestionado ante la falta de capacitación del personal, la falta de infraestructura y de peritos especializados.
Código DH, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Ojo de Agua Comunicación, Luna del Sur, entre otros; se dieron a la tarea de reunir una decena de testimonios anónimos que demuestran el uso de armas de fuego por partes de las fuerzas federales.
Las primeras versiones oficiales sobre el operativo apuntaban a que no se habían usado armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad; sin embargo, las fotos en redes sociales mostraron a policías de la gendarmería y estatales usando sus armas contra manifestantes.
El reporte preliminar precisa que contrario al derecho a la libertad y la seguridad jurídica, el 19 de junio se registró la detención de 18 personas en el Panteón Municipal mientras se encontraban cavando la tumba de un familiar. Dichas personas fueron entregadas aproximadamente a las 9 de la mañana a la policía estatal y puestas a disposición del ministerio público en el cuartel de la policía estatal en Santa María Coyotepec, en la madrugada del día 20. Durante su detención no se les permitió comunicarse, realizar sus necesidades elementales y se les mantuvo en posiciones forzadas, que podrían ser constitutivos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Para Código DH, las violaciones más graves que se presentaron fue el quitarle el derecho a la vida a 8 personas, quienes a causa del violento operativo policial y el uso desmedido de la fuerza pública fallecieron.
Jesús Cadena Sánchez, Oscar Luna Aguilar, Yalid Jiménez Santiago, Omar González Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Oscar Nicolas Santiago y Silviano Sosa Chávez, fueron asesinados en Nochixtlán, mientras que Jóvan Azael Galán Mendoza perdió la vida en Pueblo Nuevo Viguera, durante los enfrentamientos de ese mismo 19 de junio.
Por todo ello, demandan la realización de una investigación exhaustiva e imparcial que deslinde responsabilidades penales y administrativas de los servidores públicos involucrados en las violaciones a los derechos humanos cometidas en el operativo realizado el 19 de junio de 2016.
Las organizaciones también solicitan a la Oficina del Alto Comisionado en México su acompañamiento y mediación en el proceso que duren las indagatorias.
Investigación
El documento se basó en la investigación y documentación realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes entrevistaron a personas testigos y víctimas de los hechos represivos ocurridos.
