La contraloría interna del Poder Legislativo inició una auditoría a la Dirección de Recursos Humanos con el fin de fincar responsabilidad a quien haya sustraído documentación, expedientes y archivos con el fin de obtener de manera irregular nombramientos de confianza, para personas que no laboran en la Cámara de Diputados o fueron contratados por los diputados de la anterior legislatura y ahora pretenden pasar como trabajadores del Congreso.
De acuerdo a información proporcionada por personal de la 63 legislatura, 31 personas presentaron supuestos nombramientos de confianza a partir del 1 de noviembre del 2016, en su mayoría aviadores, es decir personas que no se presentaban a laborar o tenían una relación laboral con ex legisladores.
A ellos se suman 13 trabajadores de la 62 legislatura que recibieron bases laborales, sin tener derecho a las mismas.
Explicaron que de los 31 personas que presentaron nombramiento de confianza, 6 tenían antigüedad en áreas como apoyo legislativo o el Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO), de los cuales se revisará su documentación, “pero los demás son aviadores o personal no contratado por el Poder Legislativo”.
Comentaron que en noviembre del año pasado estas personas modificaron su relación laboral de contrato confianza a nombramiento de confianza, “pero el cambio se hizo al margen de las disposiciones laborales del Poder Legislativo”.
Añadieron que por esta razón se levantaron al menos cinco actas administrativas por extraer documentos de Recursos Humanos, aunque hay seis o siete que sí podrían regresar a sus contratos confianza toda vez que cuentan con la antigüedad como personal que trabaja en el Congreso estatal.
Por esta razón la contraloría interna inició una auditoria en la Dirección de Recursos Humanos para determinar responsables por la sustracción de información oficial y elaboración de nombramientos no validados.
Respecto a los nombramientos de base que aparecieron al concluir la pasada legislatura y que beneficiaba a amigos y familiares de los ahora ex diputados, manifestaron que desde febrero no se reconocieron las bases porque no existían expedientes regularizados.
“Algunos trabajadores que llegaron con los anteriores diputados aprovecharon el cambio de legislatura para tratar de mantener su trabajo en el Congreso, pero el problema es que fueron contratados por los ahora ex diputados, ellos les pagaban, entonces no forman parte de la plantilla de personal del Poder Legislativo; en este caso se planteará a los actuales legisladores si optan por mantener a estas personas en sus oficinas, pero a condición de que ellos paguen sus salarios y prestaciones”, expresaron.
