Los contratos de arrendamiento firmados por la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex) con supuestos pequeños propietarios, para la instalación de su parque Piedra Larga en el municipio de Unión Hidalgo, carecen de legalidad porque las tierras pertenecen a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza y sus anexos, aseguró el coordinador del Área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), Juan Antonio López.
Y adelantó que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, está por resolver el juicio agrario presentado por los comuneros de Unión Hidalgo, para demandar la nulidad de los documentos.
El activista de esa organización civil, quien acompaña la lucha de los comuneros de esa municipalidad del Istmo de Tehuantepec, explicó que el proceso de contratación o arrendamiento de las tierras hecho por la empresa –filial de la española Renovalia Energy–, fue mediante la vía civil cuando las tierras pertenecen a las 68 mil hectáreas de la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza y sus anexos, entre estos, Unión Hidalgo, Santa María Xadani, Chicapa de Castro, La Venta y El Espinal.
Detalló que la compañía se valió de la notaria pública número 77, Aurelia Benítez Castillejos para la expedición de escrituras a los supuestos pequeños propietarios, a pesar de ser tierras de propiedad comunal.
Incluso, subrayó que la propia Benítez Castillejos dio fe y certificó los contratos por la vía civil entre la empresa y los supuestos pequeños propietarios.
De esta manera, destacó que los comuneros de Unión Hidalgo recurrieron al TUA para presentar una demanda agraria y reclamar la nulidad de los contratos civiles por pertenecer la tierra a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza y sus anexos.
Precisó que ese órgano jurisdiccional está por dictar sentencia a partir de una medición topográfica del polígono de la comunidad agraria, por ser la prueba fundamental del juicio.
“Si las tierras arrendadas están dentro del área de la comunidad son nulos los contratos”, acotó.
Resaltó que la resolución del TUA sentaría un precedente legal importante porque los 12 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec están asentados sobre la comunidad agraria de Juchitán y sus anexos.
No obstante, dijo que si los comuneros deciden rentar sus tierras a Demex o a cualquier otra empresa eólica, deberán hacer un contrato agrario y sobre todo, contar con el consenso de la asamblea general, después de la celebración de una consulta libre, previa e informada.
En caso contrario, “estarán en su derecho de demandar la desocupación de sus tierras”, terminó.
Contratos leoninos
“Además de su ilegalidad, los contratos son leoninos porque la empresa paga de 250 a 800 pesos por hectárea al año a los supuestos pequeños propietarios. Y como las escrituras fueron inscritas en el Registro Público de la Propiedad, ahora tienen que pagar contribuciones, pero con lo que reciben no les alcanza”: Juan Antonio López (ProDESC).
