La decisión de los diputados locales de aumentar de 2 a 5 el número de legisladores para integrar una fracción parlamentaria en la próxima Legislatura se encuentra impugnada ante tres órganos jurisdiccionales: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y un juez de distrito, a fin de garantizar los derechos de las minorías en el Poder Legislativo.
El representante del Partido del Trabajo (PT) ante el consejo general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Noel Rigoberto García Pacheco, aseveró que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, aprobado como de urgente y obvia resolución por la 62 Legislatura, viola el principio constitucional de pluralidad política.
“En todos los congresos del país el umbral mínimo para integrar una fracción parlamentaria es de dos diputados, incluso hay algunos estados que con un diputado se puede formar la fracción, entonces la 62 legislatura violó este principio establecido en la Constitución”.
Comentó que estos argumentos se interpusieron tres medios de impugnación: el primero, una acción de inconstitucionalidad que interpuso el PT a nivel nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aunque lo desechó con el argumento de que no era un tema electoral, se promovió un recurso de revisión que van a conocer todos los ministros y está pendiente se resolución.
Añadió que los diputados electos Jesús Romero López, Rosa Elia Romero Guzmán y Juan Bautista Olivera interpusieron un juicio cada uno para la protección de sus derechos político-electorales ante el TEEO, toda vez que consideran vulnerados sus garantías ciudadanas.
García Pacheco comentó que la vertiente democrática, lo que se ha dado en llamar zonas democráticas, necesariamente obliga a que se incluya a las minorías a la pluralidad, que haya disidencia, que haya debate, que haya libertad de expresión, que los partidos minoritarios tengan oportunidad de estar en los órganos de gobierno que deciden el rumbo del Congreso.
Y es que el 29 de julio del año en curso, los actuales legisladores aprobaron la reforma a la ley como de urgente y obvia resolución.
