La pluralidad y la calidad de los medios de comunicación son los criterios que establece la iniciativa de Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, que aprobó la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura federal, para asignar la producción, contratación, difusión u otras actividades relacionadas con la comunicación social y la propaganda gubernamental.
De acuerdo a la iniciativa de ley, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada del Partido Nueva Alianza, Isabel Saldívar Paz.
Con el ánimo de evitar que los sujetos obligados favorezcan o perjudiquen a algún proveedor o prestador de servicios relacionados con la producción, contratación, difusión u otras actividades relacionadas con la comunicación social y la propaganda gubernamental, en la iniciativa se establecen reglas claras que servirán para que quienes participen del mercado de la publicidad, puedan acceder a prestar servicios de producción y difusión de contenidos y materiales en igualdad de circunstancias y sin favoritismos de cualquier índole.
Buscarán en todo momento que la pluralidad de los medios y la libre competencia en la calidad de los servicios que ofrezcan, sean los factores que los sujetos obligados deberán tomar en cuenta al momento de decidir por la contratación que corresponda; ello, con el fin de garantizar plenamente los derechos fundamentales a las libertades de expresión, prensa y acceso a la información.
Precisa también que acota las características que deberán reunir aquellos materiales que sean difundidos, reconociéndose dos modalidades de información.
Aquella que sea difundida bajo el rubro de “comunicación social” y la divulgada en el rubro de “propaganda gubernamental”.
Libertad de expresión
Aunado a ello, se señalan los fines que los diferentes materiales deberán perseguir, en cumplimiento de una serie de principios, que van desde elrespeto de la libertad de expresión y el acceso a la información, hasta el correcto ejercicio del gasto público, la transparencia y la rendición de cuentas.
“En este sentido, la iniciativa incorpora un conjunto de disposiciones normativas, a partir de las cuales se ordena la planeación del gasto en materia de comunicación social y propaganda gubernamental; lo anterior, con el objeto de que tales recursos sean ejercidos bajo criterios de racionalidad y proporcionalidad y sin la posibilidad de que puedaser utilizado para para promover la imagen de servidores públicos”.
Añade que con esto se sientan las bases legales necesarias para reglamentar, de forma debida, tanto la comunicación social como la difusión de propaganda gubernamental de dependencias, organismos, entidades y poderes, tanto federales como de las entidades federativas y la Ciudad de México.
“Se fijan las atribuciones de las autoridades que sancionarán, en el ámbito de las respectivas competencias, las omisiones y violaciones a las disposiciones normativas propuestas y se fijan los límites de funcionarios públicos en el ejercicio de actividades de difusión de propaganda gubernamental y de comunicación social; de igual forma, al señalar las responsabilidades de personas físicas y morales que difundan propaganda gubernamental violatoria de la legislación, se busca inhibir la comisión de conductas que afecten la certeza, la legalidad y la transparencia con la que deben conducirse los servidores públicos y que pueden afectar, desde el correcto ejercicio de recursos públicos, hasta el desarrollo de los procesos electorales”.
