Los diputados Leticia Socorro Collado Soto y Ericel Gómez Nucamendi exhortaron a los titulares de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, que garanticen la procuración de justicia y salvaguarden los derechos de todos los periodistas del estado.
En la proposición con punto de acuerdo presentada por los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se señala que el incremento significativo en el número de agresiones a periodistas y medios de comunicación deja en evidencia el riesgo prevaleciente en el que se encuentra el gremio periodístico de México.
“La falta de políticas públicas encaminadas a garantizar el periodismo libre de cualquier tipo de intimidación, así como la deficiente actuación por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las agresiones de las que es objeto este gremio, contribuyen a hacer de México un país en el que el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión se ha vulnerado”.
Destaca que las agresiones a periodistas, además de constituir una afectación a la esfera jurídica del agraviado, representa una afrenta a la sociedad en su conjunto. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no solo tiende a la realización personal, sino a la consolidación de la sociedad democrática.
Manifiesta que en los últimos cinco años se han incrementado de forma alarmante los homicidios contra periodistas, además de otros delitos relacionados con la libertad de expresión.Por entidades federativas es factible identificar aquellas en las que ocurre el mayor porcentaje de agravios a periodistas. Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca concentran la mayor cantidad de homicidios; casi seis de cada 10 homicidios de periodistas en el país han sucedido en estas cinco entidades federativas.
Agrega que los altos índices de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en estos cinco estados se inscriben en el clima general de inseguridad pública que viven dichas entidades, donde también tienen un alto índice de violencia reflejado en la comisión de delitos de alto impacto, como el secuestro y las extorsiones.
Subraya que el caso de Oaxaca, envuelto en un conflicto social vigente desde hace ya algunas décadas, pone de manifiesto un ejemplo más de incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad a periodistas y comunicadores. Al encontrarse desarrollando su labor periodística, éstos resultan víctimas de amenazas y agresiones directas no solo de parte de la delincuencia organizada, sino también de las autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno e, incluso, de parte de grupos civiles organizados.
Afirma que en el estado las agresiones a periodistas han ido en aumento, ya que tan solo en los últimos cuatro años, la DDHPO tiene un registro de 253 investigaciones por posible violaciones a los derechos humanos de los periodistas, la mayor parte de ellos cometidas en los Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec y la Mixteca.
Asegura que esta situación mantiene a la entidad entre el segundo y tercer estado del país con mayor incidencia de agresión a mujeres y hombres periodistas, siendo las autoridades municipales y de seguridad, así como integrantes de organizaciones, los mayores agresores.
