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Piden anular órdenes de aprehensión

Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

SAN BARTOLO COYOTEPEC.- Militantes de la Corriente del Pueblo Sol Rojo protestaron ayer en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la Patria, ubicado en Reyes Mantecón, para demandar que siete integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 9 del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud (SINTS), no sean procesados por el delito de coalición de servidores públicos.


En un mitin, la portavoz de la Comisión Política de esa organización, Yolanda Ruiz Cruz dijo que el Estado ha urdido un nuevo y perverso plan para criminalizar y encarcelar a los miembros del Comité Ejecutivo: Genaro Villalobos Sánchez, María de los Ángeles Ayora Arroyo, Patricia Márquez Rodríguez, Juana Cortés Patiño, Magdalena García, Sonia Martínez Juan y Adriana Vázquez Acevedo, por ejercer su derecho a la manifestación.


Explicó que los siete dirigentes –todos ellos, miembros de la Corriente del Pueblo Sol Rojo–, protestaron pacíficamente el 28 de junio pasado en la sede de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), para demandar la reinstalación de 170 trabajadores despedidos.



Sin embargo, Ruiz Cruz subrayó que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación e imputó el delito de coalición de servidores públicos, porque supuestamente se coaligaron como funcionarios para tomar medidas contrarias a la ley e impedir o suspender la administración pública, pese a ser solamente representantes sindicales.


“Falsamente acusaron que se cerraron las oficinas y se suspendieron las labores, cuando el personal entró y salió sin alguna restricción”, señaló la vocera.


A pesar de esto, destacó que el Juzgado Segundo de lo Penal giró la orden de aprehensión número 466/2019 en contra de sus compañeros, esto es cinco días después, el 3 de julio pasado, para claramente reprimir el derecho a la libre manifestación.


Resaltó que los siete dirigentes del SINTS recurrieron al juicio de amparo para evitar ser detenidos y caer el cárcel, porque aún no se ha atendido el reclamo de reinstalación de todos los trabajadores despedidos.

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