Activistas de la Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Ex Presos Políticos de Oaxaca protestaron ayer frente a la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) para demandar al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito que no exonere al gobierno estatal por las violaciones a los derechos humanos, sucedidas principalmente el 25 de noviembre del 2006.
Los manifestantes también bloquearon durante su manifestación la circulación vial en la avenida Juárez, esquina con Valentín Gómez Farías.
En su representación, el presidente de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca, Isaac Torres Carmona informó que el 10 de junio próximo se cumple una década de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde se dispone la obligación a cargo del Estado mexicano de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado, reconociendo el carácter jurídico de las víctimas y su derecho a la justicia y al resarcimiento integral de los daños.
Sin embargo, expuso que la promulgación de esta reforma constitucional en derechos humanos no se ha traducido en Oaxaca en una sola acción de gobierno para garantizar el derecho de acceso a la justicia y al resarcimiento integral de los daños a las víctimas.
“Por el contrario, ha persistido la impunidad, la omisión y el abandono institucional hacia las víctimas”, afirmó.
Ante esto, subrayó que la Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Ex Presos Políticos de Oaxaca recurrió a los tribunales el 28 de enero de 2019 para demandar la inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Administrativa, utilizada como base por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Oaxaca, en el recurso de revisión 64/2018, para exonerar de responsabilidad al gobierno estatal por las violaciones a derechos humanos cometidas a personas detenidas arbitrariamente, torturadas y criminalizadas en los sucesos del 25 de noviembre de 2006.
Ahora –asentó–, corresponde al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito resolver en el amparo directo 35/2019, todas y cada una de sus demandas, que como colectivo de víctimas han reclamado al gobierno estatal.
De esta manera, requirió a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, atender todos sus motivos de inconformidad expresados en nuestra demanda de amparo, garantizando en todo momento, el régimen constitucional de derechos humanos, así como su derecho de acceso a la justicia y al resarcimiento integral de los daños, tal y como lo dispone la propia Constitución Política federal.
"Ha persistido la impunidad, la omisión y el abandono institucional hacia las víctimas", Isaac Torres Carmona, presidente de la Limeddh.
