El Congreso del Estado exhortó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al Tribunal Superior de Justicia y los órganos autónomos del estado para que a la mayor brevedad lleven a cabo los procesos legales y administrativos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter estatal, en los que funjan como unidades responsables o mandantes, así como para que concentren los recursos en la tesorería del estado.
Al titular del Poder Ejecutivo le demandó que a la mayor brevedad posible emita un decreto por el que se instruya a sus dependencias, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos en los que participen.
La proposición con punto de acuerdo presentada por la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señala que les preocupa que a los rezagos históricos de Oaxaca, ahora se acumulen los efectos negativos que la pandemia de la COVID-19 tendrán en la economía, salud física y mental de los oaxaqueños.
Apunta que ante la incertidumbre económica se deben de evitar las soluciones prácticas de crear nuevos impuestos o aumentar la base o la tasa de los mismos.
“La creatividad y el esfuerzo para tener mejores prácticas en la gestión pública, será uno de los mecanismos para la reactivación económica; en este marco estamos convencidos de vigilar que los recursos económicos de que disponga el gobierno estatal y los municipios, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administren con austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
Destaca que en este orden de ideas, han advertido que en los último años un tema recurrente del debate público han sido los fideicomisos públicos, debido a la discrecionalidad con que se manejan gracias al marco jurídico que los regula, que les permite funcionar aún sin estructura orgánica y normatividad específica, situación que los aleja de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas; lo cual ocasiona que, en muchos casos, sea prácticamente imposible conocer el destino final de los recursos públicos que ellos incorporan, inclusive que sea fuente de corrupción.
Manifiesta que la utilidad instrumental de los fideicomisos puede ser desvirtuada porque existe la posibilidad de que los recursos que operan no tengan que aplicarse en un ejercicio fiscal, así como que el gasto y utilidad carezca de vigilancia; además son administrados por instituciones financieras privadas por lo que la información es confidencial y también se ha detectado que las entidades públicas evitan regresar el dinero que no utilizaron a la tesorería estatal, lo que propiciar un uso discrecional orientado a actos ilícitos o corrupción.
Asevera que no se puede ya permitir la ilegalidad y corrupción en que han incurrido los fideicomisos, ni la información sobre los mismos puede limitarse a datos generales, sino que tiene que ser veraz y oportuna, así como sistemática y detallada para que los ciudadanos puedan evaluar si la toma de decisiones sobre el uso y destino de recursos públicos en los fideicomisos son necesarios, suficientes y efectivamente son útiles para los fines por los que se crearon; porque en caso contrario, se les tiene que dar una utilidad social a dichos recursos, frente a los escenarios que inevitablemente surgirán después de que termine la contingencia sanitaria por la COVID-19.
