La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspenderá clases hoy y el próximo jueves, para manifestarse durante la instalación de la entrante 64 Legislatura local y el segundo informe del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Ambas movilizaciones masivas saldrán a las nueve de la mañana del monumento a Juárez, sobre la carretera Oaxaca-Villa de Zaachila, y terminarán en el Congreso del Estado.
El secretario de Prensa y Propaganda de la gremial, Wilbert Santiago Valdivieso, dijo que en la marcha de este día, la Sección 22 del SNTE presentará su posicionamiento político ante la 64 Legislatura local y reclamará la abrogación de la reforma educativa y el decreto de julio del 2015, para crear el llamado “nuevo” Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), así como la aprobación de la Iniciativa de Ley Estatal de Educación.
Mientras tanto –detalló–, en la movilización de pasado mañana, además de manifestar también su posición política por el segundo año de su administración, la Sección 22 del SNTE demandará al gobernador Alejandro Murat Hinojosa la atención a sus peticiones, especialmente el restablecimiento de la relación bilateral.
“Es un acuerdo político que no ha querido cumplir el gobierno”, asentó.
Que "recuperarán" contenidos
Ante la suspensión de clases, Santiago Valdivieso dijo que la Sección 22 del SNTE aplicará un programa de recuperación de contenidos programáticos con una hora más de clases en las aulas, conforme a su calendario alternativo.“Aún sin que nos movilicemos, nuestros compañeros terminan sus actividades a la una de la tarde y no a las doce del mediodía, como estipula el contrato”, apuntó.
Sin clases más de un millón de alumnos
Por las movilizaciones, se quedarán sin clases un millón 300 mil alumnos de 13 mil 221 escuelas públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior en todo el estado.
Día de protestas
El Sindicato Único de Trabajadores de los Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca se declaró ayer en paro indefinidos de labores y se manifestó ayer frente al Palacio de Gobierno, para reclamar al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el reconocimiento oficial de ese subsistema y el respeto a sus derechos laborales.
“¡Gobierno escucha, es justa nuestra lucha!”, “¡El paro, el paro, es culpa del Estado!”, gritaron como consignas.
En un mitin, el secretario general de esa agrupación, Celestino Jiménez Aparicio dijo que la administración estatal creó a los Telebachilleratos Comunitarios en el 2003, pero sin tener algún respaldo legal.
De esta manera, observó que ese subsistema depende directamente de la Coordinación General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología, porque no cuenta con un organismo rector.
Además, explicó que si bien los gobiernos federal y estatal cubren en partes iguales el pago de honorarios de los Telebachilleratos Comunitarios, no están contempladas las prestaciones de seguridad social.
Subrayó que el gobernador Murat Hinojosa se había comprometido a emitir un decreto para regularizar la situación legal de ese subsistema, sin embargo, hasta ahora no se ha concretado.
Sin clases, cinco mil estudiantes
En este subsistema, laboran 300 trabajadores en 99 planteles, donde acuden cinco mil estudiantes.
El BOSA bloquea el Congreso del Estado
Por otra parte, el Bloque de Organizaciones Sociales Anticapitalistas (BOSA) bloqueó ayer el acceso principal al Congreso del Estado, como medida de presión, para que la entrante 64 Legislatura local inicie un proceso de interlocución y se establezca una ruta jurídica, a fin de atender sus demandas de justicia social.
En conferencia de prensa, Adán Mejía López, integrante de la Unión de Artesanos y Comerciantes en Lucha (UACOL), una de las organizaciones participantes, dijo que el BOSA reclama la participación de la 64 Legislatura local, para lograr la libertad de alrededor de 20 presos políticos del movimiento social.
Explicó que entre estos, se encuentra el preso ecologista, el indígena zapoteco de San Isidro Aloapan, Pablo López Alavés
Además, subrayó que el BOSA demanda que se garantice el regreso del profesor Raúl Gatica Bautista, exiliado desde hace 13 años en Vancouver, Canadá.
“No es una agresión hacia los diputados, venimos a exigir justicia”, apuntó.
En el bloqueo participan el UACOL, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), la Unión de Pueblos Originarios (UPO), el Movimiento Lubhiza y el Frente Popular Revolucionario (FPR), entre otras.
Busca audiencia Shuta Yoma
A su vez, la Organización Democrática Insurgente Shuta Yoma (ODI-SY) marchó sobre la avenida Juárez, frente a la Casa Oficial, rumbo al Palacio de Gobierno, para demandar una audiencia con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
El dirigente de esta agrupación, Manuel Pérez Morales, dijo que la ODI-SY acordó con el mandatario, en enero pasado, la asignación recursos financieros para subvencionar diferentes programas y proyectos sociales en beneficio de sus 26 mil integrantes.
Explicó que la organización entregó la documentación requerida al Coplade, Sinfra, CAO y Cevi, para cumplir con la normatividad legal y así poder acceder al financiamiento.
Sin embargo, observó que la administración estatal no cumplió por carecer supuestamente de recursos financieros.
Ante la protesta, dijo que el secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud se comprometió a atender a la organización en una mesa de diálogo, el próximo viernes, para dar respuesta a sus reclamos.
También quieren audiencia
En tanto, militantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) marcharon del jardín Madero al Palacio de Gobierno, para igualmente solicitar una audiencia al gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
El dirigente de la organización, Fabián Pereda Pereda dijo que la Ubisort desea dialogar con el mandatario, porque la administración estatal no ha dado respuesta a sus demandas de carácter social presentadas durante este año.
Detalló que una de los reclamos principales son de mejoramiento de caminos para cuatro comunidades, dos triquis y dos mixtecas, donde se está contemplada una inversión de alrededor de 10 millones de pesos.
Pereda Pereda destacó que la Ubisort decidió movilizarse porque solamente así el gobierno estatal ofrece respuestas.
“Si no hay presión, no nos atienden”, apuntó.
