Un juez federal ha ordenado a los diputados locales crear la Ley de Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena fe para los pueblos y comunidades indígenas. Ello debieron haberlo hecho desde hace 17 años, se indica en la resolución emitida el pasado 18 de mayo.
El amparo fue promovido por el abogado Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena, asociación que también logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara a las autoridades oaxaqueñas el saneamiento de los ríos Atoyac y Salado.
Ambas resoluciones, indica el jurista, son históricas, no solo a nivel estatal sino nacional.
Morales Sánchez representó a tres personas indígenas de la entidad, en un inicio ante el juez décimo primero de Oaxaca, por la omisión de las autoridades gubernamentales de no consultarnos para aterrizar - o no - proyectos mineros, ambientales o forestales en sus territorios. Y también sobre la falta de mecanismos legales para exigir la consulta.
Y es que según el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y las reformas constitucionales indígenas del año 2001, señalan que los Congresos deben crear la ley en cuestión, empero, los diputados y diputadas de las diferentes legislaturas han sido omisos.
Así pues, esta resolución enmarca la omisión legislativa. Y asimismo ordena al Congreso emitir esta Ley antes del 30 de septiembre del presente año.
Oaxaca y sus comunidades indígenas afrontan problemas por la instalación de proyectos y campos de empresas eólicas en el Istmo de Tehuantepec que han generado oposición de comunidades indígenas.
Es el mismo caso para la oposión comunal a la apertura y operación de empresas mineras, principalmente canadienses, que buscan explotación de minerales del subsuelo oaxaqueño
En ambos asuntos los representantes de las comunidades han solicitado realizar una consulta para informar y tomar parecer de indígenas sobre la operación de ese tipo de proyectos.
