La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) pone en riesgo la conclusión de la consulta indígena que desde hace 13 años avanza en torno a la modificación de la veda de acceso al agua en 16 municipios zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca.
La CDI, instancia creada para dar seguimiento el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de México, “ha incumplido con los protocolos de la consulta y lastimado el proceso”, señalaron integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA).
Nelson Vázquez Merino, integrante del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, organización acompañante en este proceso, advirtió que ante un eventual rompimiento del proceso acudirían a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la violación del estado mexicano a los derechos de los pueblos originarios.
La limitación en el uso del agua que enfrentan los indígenas zapotecos ubicados en esta zona de los valles centrales, ha representado una extinción paulatina de su forma de vida, forzados a abandonar la actividad agrícola para optar por la migración.
La última reunión programada se llevaría a cabo el 4 de abril de este año, sin embargo la CDI no se presentó. En dicha fecha la CDI estaba obligado a entregar un documento de términos y conceptos para la propuesta de zona reglamentada comunitaria e indígena.
“Creemos que es una estrategia de la CDI así como de la CONAGUA para cansar el movimiento y poder dilatar más este proceso (...) A estas alturas no se nos ha entregado el documento, la CDI no está siendo responsable con este proceso de la consulta indígena”, declaró Vázquez Merino.
El decreto de veda data de 1967 para el acuífero de Valles Centrales limita el uso del agua en el subsuelo en la zona de Zimatlán, Eta, Oaxaca Centro, Tlacolula y Ocotlán.
Han transcurrido 13 años de lucha de los pueblos indígenas zapotecos. Hasta el momento la consulta se encuentra en su cuarta etapa que consiste en el consenso para la modificación del decreto de veda. Uno de los planteamientos es el establecimiento de una zona reglamentada. Superado este paso, la quinta etapa es la ejecución de los acuerdos.
En este sentido demandaron la participación de las instituciones públicas en las mesas de trabajo de la consulta indígena, en especial de la CDI; asimismo la responsabilidad de las instituciones con los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo, además de que la CDI entregue el documento de glosario para que la consulta continúe desarrollándose.
