La Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la 63 Legislatura local aprobó ayer un dictamen con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política local y retirar el fuero al gobernador, a los magistrados del Poder Judicial y a los propios diputados, así como a más de un centenar de servidores públicos.
De esta manera, Fiscalía General del Estado podrá proceder en su contra por delitos del orden común y por la violación de las leyes federales y estatales, porque no gozarán de alguna protección constitucional.
La presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, la panista Eufrosina Cruz Mendoza dijo que el dictamen con proyecto de decreto fue elaborado a partir de las iniciativas presentadas por las fracciones parlamentarias de Morena, PAN y PRD, así como por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Explicó que el dictamen con proyecto de decreto propone derogar la fracción 46 del artículo 59 y los artículos 117, 118, 199 y 121, así como el segundo párrafo del artículo 115 y la fracción primera del artículo 116, además la reforma del artículo 123 de la Constitución Política local, donde se dispone el fuero.
El más reciente
Por unanimidad, el Pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó la eliminación del fuero constitucional a servidores públicos, incluidos el gobernador, procurador, diputados, y alcaldes, el pasado 28 de julio.
Por su carácter constitucional, la reforma se turnará a los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí para su aprobación.
Detalló que en estos preceptos se otorga una garantía de inmunidad procesal porque quienes lo ostentan no pueden ser procesados penalmente por delitos cometidos durante su encargo, sin el inicio previo de un procedimiento sancionador especial para retirar esa exención legal, a través de la Comisión Permanente Instructora, quien está encargada de hacer la declaración de procedencia.
Destacó que el fuero y la declaración de procedencia propician la desigualdad entre los servidores públicos y los ciudadanos, porque al amparo de la inmunidad se han cometido actos de corrupción e ilegalidad y graves violaciones al estado de derecho.
“Con justa razón la sociedad exige su eliminación, porque su vigencia favorece plenamente a la impunidad”, remarcó.
De esta manera, subrayó que quienes ostentan el fuero podrán ser sujetos de proceso penal si cometen algún delito, sin la necesidad de la declaración de procedencia y someterse al imperio de la Ley, como así lo hacen el resto de los ciudadanos.
Precisó que la reforma constitucional para el retiro del fuero alcanzará al gobernador, a los magistrados del Poder Judicial y a los diputados, así como a los titulares de las diferentes secretarías y al Fiscal General del Estado.
A detalle
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
El Congreso del Estado realizará las modificaciones correspondientes a las leyes pertinentes en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
Además, a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, a los consejeros y al secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a los consejeros de la Judicatura, al auditor Superior del Estado y a los subauditores.
Y por último, a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, y a los titulares e integrantes del órgano superior de dirección de los órganos constitucionales autónomos.
Detalló que el dictamen con proyecto de decreto fue turnado al presidente de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura, Samuel Gurrión Matías, a fin de ser incorporado en el orden del día de la sesión ordinaria programada el miércoles próximo, para su análisis y eventual aprobación.
Cruz Mendoza dijo que el dictamen con proyecto de decreto seguramente será aprobado mayoritariamente por las diferentes bancadas de la 63 Legislatura, entre estas, la del PRI, porque fue firmado por los diputados Adriana Atristáin Orozco y Donovan Rito García.
