El presidente Nicolás Maduro negó que en Venezuela haya una "ruptura del orden constitucional", luego de que el máximo tribunal asumió las facultades del Parlamento de mayoría opositora, y este viernes se reunía con los poderes públicos para zanjar diferencias sobre esa decisión.
"En Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos y del poder popular", dijo Maduro en su primera reacción tras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que además retiraron la inmunidad a los parlamentarios.
El mandatario socialista se reunió luego con las cabezas de los poderes del Estado -salvo el presidente del Legislativo, Julio Borges- que conforman el llamado Consejo de Defensa.
Maduro convocó a esa instancia a fin de resolver la controversia que generó una afirmación de la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, de que en Venezuela hay una "ruptura del orden constitucional".
Borges se negó a acudir alegando que Maduro es "responsable del quebrantamiento del orden constitucional y no puede pretender ahora ser mediador".
Las críticas de Ortega a las decisiones del tribunal -al que la oposición acusa de servir al gobierno- abrieron una grieta en el chavismo. Es la primera alta funcionaria que critica los dictámenes.
Grietas en el chavismo
"El Gobierno está fracturado, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo", afirmó Borges, quien pidió a la Fuerza Armada y los demás poderes actuar como Ortega.
Para el politólogo Luis Salamanca, la postura de la fiscal "significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento, de la estructura interna del poder chavista", comentó a la AFP.
La oposición denuncia un "golpe de Estado" por parte de Maduro y desconoce al TSJ. Asimismo, presiona para que la Organización de Estados Americanos (OEA) actúe en Venezuela, lo que Maduro tilda de "intervencionismo".
Este viernes, 20 países solicitaron una reunión del Consejo Permanente de la OEA a más tardar el lunes. El secretario general del organismo, Luis Almagro, denuncia un "autogolpe" y exige elecciones inmediatas en el país petrolero.
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumaron el viernes a la lluvia de críticas que incluye a la Unión Europea, Estados Unidos y una decena de países latinoamericanos.
Venezuela también atraviesa por una grave crisis económica, con escasez de bienes básicos y una inflación que el FMI proyecta en 1.660 por ciento al cierre de 2017.
El país sufre además elevadísimos índices de criminalidad, con una tasa de homicidios de 70.1 por cada 100 mil habitantes, según la Fiscalía, casi ocho veces más que la media mundial.
