San Raymundo Jalpan.- La diputada Dulce Alejandra García Morlan, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar artículos de la Constitución Política de Oaxaca y de la Ley Orgánica Municipal, lo que otorgaría la facultad al Ejecutivo Estatal a proponer Consejos Municipales en municipios regidos bajo el sistema de partidos políticos que registren conflictos postelectorales en tanto se efectúen nuevas elecciones en un termino de 90 días después de su instalación.
La presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Metropolitanos consideró que la figura de los Consejos debe sustituir a los administradores municipales, ya que dicho precepto es violatorio de la normatividad a favor de los pueblos y comunidades indígenas, pues es contrario a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dijo también que son un impedimento para que dichos pueblos y comunidades indígenas hagan valer plenamente los derechos ahí consagrados, violando además, su derecho a la autonomía y la libre determinación, y con ello causando una regresión a los derechos humanos cuya naturaleza es ser inminentemente progresivos.
Administrar los recursos
“Es ilógico afirmar o concebir que una persona ajena y desconocida al núcleo comunitario o de la población pueda administrar los recursos de un pueblo indígena, mucho menos garantizar el ejercicio de su derecho de libre determinación y autonomía, debido a que evidentemente ignora las costumbres, normas, procedimientos e instituciones, además, la persona no tiene el reconocimiento ni legitimidad por parte de la colectividad del lugar”.
La legisladora plantea en la Iniciativa que de manera conjunta los Consejos Municipales en coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana realizaran un nuevo proceso electoral en el periodo establecido.
Principio de legalidad
“Tomando en consideración que los poderes públicos están sujetos a la Ley en sentido material, es claro que el principio de legalidad exige también al Poder Legislativo, pues también se encuentra sujeto a normas de rango constitucional, convencional y legal, por lo tanto, las facultades del órgano legislativo, en la creación de normas en el marco de una reforma constitucional estatal, lejos de ser ilimitado, encuentra también límites y, en caso de transgredirlos sus actuaciones serán contrarias al orden jurídico, y por tanto al tener conocimiento de un acto jurídico contrario a legalidad, tenemos el deber de modificarlo.”
La Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales para su análisis.
