Los diputados oaxaqueños de la 63 legislatura autorizaron al Poder Ejecutivo la reestructuración y/o refinanciamiento de un total de 12 mil 301 millones 640 mil 482 pesos con 76 centavos de deuda pública, con tenedores certificados bursátiles, banca privada y de desarrollo.
El dictamen aprobado establece que el ejecutivo estatal debe atender lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para que las operaciones de refinanciamiento y/o reestructuración solicitadas mejoren la tasa de interés pactada en los contratos de financiamiento vigentes, así como no incrementar el saldo insoluto y no ampliar los plazos de vencimiento original de los financiamientos y/o de ser el caso de que existiera, como lo señala, incrementos para constitución de reservas o de instrumentos derivados de estos no rebasen el 2.5 por ciento del monto contratado y obligación, incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago.
Añade que en caso de que no se incluyan los instrumentos derivados y las garantías de pago, los gastos y costos relacionados a la contratación de financiamientos y obligaciones no deberán rebasar el 1.5 por ciento del monto contratado del financiamiento y obligación.
Justificar cambios
Subraya que en caso de que los gastos y costos rebasen los porcentajes señalados, deberá adjuntar la justificación correspondiente, desglosando cada uno de los conceptos que integran los gastos y costos. Dicha justificación estará disponible para consulta en el Registro Público Único.
Asimismo, las reservas que se constituyan con recursos del financiamiento u obligación, en caso de no ser utilizadas durante la vigencia del financiamiento u obligación, el solicitante autorizado deberá manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que se destinará al pago de capital del financiamiento o pago de inversión de la obligación de que se trate. También, en caso de refinanciamientos, dichas reservas podrán destinarse a conformar, en su caso, las nuevas reservas del financiamiento.
La fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) votó en contra de la reforma del decreto número 723, al que se agregó un inciso l, al artículo sexto, que señala: Se autoriza que los recursos que deriven de los fondos de reserva con que cuentan las operaciones de deuda vigentes a ser refinanciadas, puedan ser destinadas al pago de penalizaciones, comisiones y/o primas por pago anticipado (prepago) y costo por rompimiento de fondeo, de las mismas y, en su caso, para la constitución de fondos de reserva y para cubrir los demás gastos y costos de las nuevas operaciones de financiamiento que se formalicen. Sin perjuicio de lo anterior, el o los fideicomisos públicos de fuente de pago podrán constituirse en obligados solidarios del o los fideicomisos públicos de contratación.
Además de un inciso m, que establece: "Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Finanzas realice el ajuste que resulte necesario a las partidas presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2017 y 2018, para considerar los montos que deban destinarse a la amortización, intereses y servicios derivados de los financiamientos de reestructuración y refinanciamiento incluido el pago de penalizaciones, comisiones y/o primas por pago anticipado (prepago) y costo por rompimiento de fondeo, de las mismas y, en su caso, para la constitución de fondos de reserva y para cubrir los demás gastos y costos de las nuevas operaciones de financiamiento que se formalicen y deriven del decreto 723.
