La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llamó a no politizar el regreso a clases para evitar perder de vista los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El titular de la defensoría, Bernardo Rodríguez Alamilla subrayó que lo que debe priorizarse en estos momentos es cómo armonizar el derecho a la educación y el derecho a la salud de la población estudiantil bajo criterios técnicos y base científica.
“Es importante la reanudación de clases presenciales, sin embargo, creemos que de manera paralela a esa reanudación se deben de implementar acciones que permitan minimizar el riesgo a la salud de las y los estudiantes y sus profesores bajo una lógica de respeto irrestricto al derecho superior de la niñez y la adolescencia”, manifestó.
El retorno a las aulas -subrayó- debe ser voluntario y valorado de manera específica por cada entidad, comunidad e incluso escuela, basado en las condiciones de salud pública que prevalezca en esos momentos, así como de los protocolos. El análisis -abundó- debe considerar las voces de las madres y padres de familia, autoridades educativas, alumnado y magisterio para que la decisión tomada tenga legitimidad.
Los protocolos para la reapertura de los centros escolares deben garantizar acceso al agua y adaptaciones de espacios físicos para respetar la sana distancia, lo mismo se tienen que prever y adecuar las condiciones de transporte público que cumplan con las condiciones sanitarias y de movilidad para niñas, niños y adolescentes que acuden a los centros educativos.
Rodríguez Alamilla destacó que la educación a distancia acentuó la desigualdad de oportunidades dadas las carencias en cuestión de conectividad y acceso a equipos electrónicos que enfrentan los municipios de Oaxaca, tanto en el ámbito urbano como en lo rural.
A las carencias tecnológicas -añadió- se sumó la complejidad de realización de trabajos escolares en casa y el reto de la disponibilidad de tiempo de las madres y padres de familia que no tuvieron la posibilidad de trabajar de manera remota.
Garantizar el derecho a la educación -destacó- abre la puerta a otros derechos; por el contrario, cuando se niega, dificulta el acceso a otros más.
“En el desarrollo de la vida de las personas, muchos derechos son inaccesibles para quienes fueron privados de la educación, es especial aquellos relacionados al trabajo, salario justo y seguridad social, problemas vinculados con la mal nutrición, violencia y embarazo adolescentes son resultado de deficientes procesos formativos”, destacó.
Con datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que con la irrupción de la pandemia por COVID-19, cerca de mil 50 millones de estudiantes de todas las edades y niveles han sido afectados por el cierre de escuelas, incluyendo 258 millones de niñas, niños y adolescentes a quienes se ha limitado o modificado sus oportunidades educativas durante el confinamiento.
