La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) condenó el crimen del presidente del Comisariado Ejidal y militante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Fidel Heras Cruz, sucedido el sábado pasado en Paso de la Reyna, Santiago Jamiltepec.
En un comunicado, la organización expuso que en Paso de la Reyna, como en muchos pueblos de Oaxaca, la extracción de material pétreo de los ríos por parte de autoridades y caciques, significa para ellos un gran negocio a costa de los bienes de los pueblos circunvecinos.
Expresó que en esa comunidad, la familia caciquil Iglesias, junto con la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar la extracción, a pesar del incumplimiento del convenio suscrito previamente.
Explicó que el presidente del Comisariado Ejidal, a petición de sus integrantes, solicitó el pago de los adeudos a las iglesias y a la munícipe, pero en respuesta recibió amenazas de muerte.
De este modo, subrayó que las amenazas bien puede ser la hoja de ruta para esclarecer este artero crimen, sin descartar su papel como activista en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.
Ante ello, exigió atender el requerimiento de las autoridades municipales y agrarias del ejido Paso de la Reyna y del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) para que el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, esclarecer el móvil del asesinato y otorgar medidas cautelares de protección.
Organizaciones demandan justicia
Mientras tanto, en un pronunciamiento, Servicios del Pueblo Mixe (SER-Mixe) condenó también el asesinato y demandó el esclarecimiento de los hechos de manera inmediata, así como procurar y garantizar justicia inmediata.
Por otra parte, el Frente Popular Revolucionario (FPR) responsabilizó al gobierno estatal del incremento de la violencia en contra del movimiento social, porque representa a los intereses de unos cuantos y no a los de los trabajadores de la ciudad, del campo o de las comunidades, dueñas de los recursos naturales.
También, pidió a los organismos de derechos humanos a estar alertas ante la actual situación de crisis económica, sanitaria y de justicia en Oaxaca.
A su vez, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) exigió una investigación a fondo y el castigo para los autores materiales e intelectuales de este crimen.
“Basta ya de represión en contra de los defensores de la comunidad”, demandó.
Definen líneas estratégicas para protección de defensores
Desde diciembre pasado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH), definieron cuatro líneas estratégicas para desarrollar el Acuerdo para el Reconocimiento y Protección de las Personas Defensoras.
La coordinadora general de la organización civil, Sara Méndez Morales dijo que esas instancias suscribieron el convenio con la finalidad de impulsar políticas públicas de protección a personas defensoras en Oaxaca y crear un espacio de diálogo interinstitucional a nivel estatal.
Explicó que el acuerdo busca establecer las bases para colaborar en el ámbito de sus facultades y atribuciones, con acciones y estrategias en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos y así contribuir a proporcionar una visión integral y de conjunto sobre la importancia de la labor que desempeñan las defensoras y los defensores.
Para esto, explicó que esas instancias realizaron reuniones de trabajo para identificar una serie de acciones estructuradas en un Plan de Trabajo Anual, a fin de plena efectividad al acuerdo y guiar los esfuerzos para alcanzar los resultados propuestos.
Detalló que esas instancias, desde el ámbito de sus competencias, analizaron e identificaron las acciones necesarias para superar los principales obstáculos y así dar el pleno reconocimiento a las personas defensoras y fortalecer su protección.
De esta manera, subrayó que se definieron cuatro líneas estratégicas a desarrollar durante un año en tres fases, la primera de planeación, la segunda de implementación y la tercera y última fase de evaluación.
Dentro de esto, precisó que se fortalecerá la metodología para la evaluación de riesgos y así ofrecer una más eficiente emisión de medidas cautelares, así como se elaborará un protocolo de investigación basado en estándares internacionales con criterios de actuación para evitar la revictimización y considerar la perspectiva intercultural y de género.
También, mencionó que se construirá un modelo de formación y educación en materia de derechos humanos con especial énfasis en los estándares internacionales para contribuir al reconocimiento y respeto de la labor de defensa y promoción de las personas defensoras de derechos humanos.
Méndez Morales dijo que igualmente se implementará una campaña informativa y de sensibilización institucional con materiales educativos e informativos para abonar al reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
