Caracas, Venezuela.- Con un llamado a intensificar protestas, la oposición venezolana redobla esta semana la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro, pese a que el máximo tribunal anuló su decisión de asumir las competencias del Parlamento, de mayoría opositora, tras un fuerte rechazo internacional.
"La intención del Gobierno es desmovilizar al pueblo en su justo reclamo y parar la presión de la comunidad internacional, pero esto recién comienza", advirtió este domingo el vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, en una declaración pública.
El diputado se refería a la marcha atrás que dio el sábado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir al gobierno- a sentencias con las cuales se adjudicó las funciones de la Asamblea y retiró la inmunidad de los diputados.
Sin embargo, la oposición no quedó satisfecha con las aclaratorias y denunció que "el golpe de Estado" -como califica los fallos- continúa, por lo que llamó a intensificar las protestas desde esta semana para lograr superar la crisis política con elecciones.
Para el martes fue convocada una movilización hacia el hemiciclo en Caracas.
Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras los de gobernadores, que debieron realizarse a finales del año pasado, fueron pospuestos y aún no tienen fecha.
No obstante, pese al colapso económico y la baja popularidad de Maduro la oposición no ha logrado convocar grandes marchas, luego de que en septiembre y octubre de 2016 movilizara a cientos de miles de partidarios.
Presión internacional
La presión contra el gobierno también continuará esta semana en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un grupo de 13 países presentó un proyecto de resolución para ser debatido este lunes en el Consejo Permanente del organismo, a fin de declarar los dictámenes del TSJ como "una violación del orden constitucional".
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien denunció los fallos como un "autogolpe", busca la aplicación en Venezuela de la Carta Democrática Interamericana, prevista para casos de ruptura institucional.
Esto conllevaría el inicio de gestiones diplomáticas e incluso la suspensión del país. Maduro ha dicho que evalúa su permanencia en la OEA.
