“El mal uso de la deuda pública estatal ha generado indignación e inconformidad manifiesta en los habitantes del país y como muestra ahí están los casos de es gobernadores como Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán; Guillermo Padrés, de Sonora, y Javier Duarte, de Veracruz; algo que ya no debe repetirse”, afirmó la diputada de Morena, Griselda Sosa Vásquez, al asumir la presidencia de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Deuda Pública de la 64 Legislatura.
Ante el secretario de finanzas, Vicente Mendoza Téllez Girón, y el secretario de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarro, agregó a los exgobernadores sujetos a proceso por las mismas razones a Luis Armando Reynoso de Aguascalientes, Rodrigo Villa de Nuevo León, César Duarte de Chihuahua, Roberto Borge de Quintana Roo, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Jorge Torres de Coahuila y Fidel Herrera de Veracruz.
Recordó que a Fidel Herrera, en el año 2010, el Congreso estatal le aprobó una línea de crédito por 10 mil millones de pesos para reconstruir este estado por las afectaciones que sufrió después de los huracanes, sin embargo, a la fecha, no se ha hecho público el soporte legal del empleo y uso de esos 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de Veracruz y miles de damnificados se quedaron esperando el apoyo institucional.
Acompañada de los integrantes de la comisión, diputados Yarith Tannos Cruz, Othón Cuevas Córdova, Elizabeth Guzmán Díaz y César Morales Niño, comentó que el pasado 3 de octubre del 2019 la 64 Legislatura estatal autorizó al Ejecutivo estatal la contratación de deuda pública por 3 mil 500 millones de pesos.
Dijo que aunque en Oaxaca se tiene poca experiencia en la vigilancia de la deuda pública, esta actividad debe promover la transparencia, revisar el ejercicio eficiente y eficaz de la misma, así como proponer políticas públicas integrales y evaluar que se observen estándares estrictos en materia de adquisiciones y contrataciones.
“Es de gran importancia poder evitar áreas de opacidad o beneficios personales a costo del erario público, por ello una comisión ordinaria de vigilancia de la deuda pública no sólo es un acierto, es una necesidad y su creación no es sólo un anuncio de buena voluntad, sino que será la encargada de ser un monitor permanente del uso y destino de la deuda pública, respetando la división de poderes del estado y con la firme intención de dar seguimiento a la aplicación de los recursos autorizados, así como de vigilar que las afectaciones atiendan a las fuentes de pago autorizadas y que el Poder Legislativo -con información veraz- emita recomendaciones y construya el marco normativo necesario para garantizar la sustentabilidad de las finanzas públicas del estado”.
