CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que va del año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a 680 servidores públicos que han incumplido con la presentación de su declaración patrimonial y de intereses.
De acuerdo con información de la dependencia, del total de sancionados, a 274 se le impuso una inhabilitación para desempeñar su empleo, cargo o comisión durante un tiempo determinado.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que en caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.
En 13 de los casos, en los que existió reiteración de la conducta o alguna otra circunstancia agravante, se resolvió la destitución de los funcionarios incumplidos.
En los casos restantes, las sanciones impuestas fueron: 233 amonestaciones privadas, 94 amonestaciones públicas y 66 suspensiones, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses dentro de los 60 días naturales posteriores al inicio de su encargo o a la conclusión del mismo y deberán actualizarla durante el mes de mayo de cada año.
En 2019, de acuerdo a los datos de la SFP proporcionado en respuesta a una solicitud de información, se tiene un registro de 223 mil 839 servidores públicos que por el puesto que desempeñan están obligados a presentar la declaración.
Sin embargo, sólo la presentaron 209 mil 777, es decir, que hubo un nivel de cumplimiento de 93.71 por ciento, uno de los porcentajes más bajos de los últimos tres años.
En 2016, el 98.7 por ciento de los funcionarios presentó su declaración; en 2017, el nivel de cumplimiento se ubicó en 98.99 por ciento y el año pasado el 97.83 por ciento de los servidores públicos cumplió con su obligación.
Pese al alto número de servidores públicos que durante este año incumplieron con la presentación de su declaración, no ha habido muchos sancionados.
Ésto debido a que la ley prevé que los órganos internos de control pueden abstenerse de emitir una sanción cuando el servidor público no haya sido sancionado anteriormente por la misma falta no grave y no hay actuado de manera dolosa.
