A pesar de que la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 63 legislatura, María de las Nieves García Fernández, juró y perjuró que no iban a dejar trabajadores con obligaciones contractuales a la 64 legislatura, resulta que los anteriores diputados protegieron a 60 de sus empleados con la asignación de contratos confianza para continuar prestando sus servicios en el Congreso estatal.
Incluso, mientras los trabajadores de honorarios tuvieron que esperar dos meses para que les liquidaran los meses de noviembre y diciembre, y su respectivo aguinaldo, los recomendados de los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI y Morena han recibido sus pagos de manera puntual.
El 24 de septiembre de 2018, cuando fenecía la 63 legislatura y ante la preocupación de un grupo de trabajadores de confianza que la abordaron en el acceso a la sala del pleno, García Fernández, aseguró que al concluir el segundo periodo de ejercicio legal de esa legislatura no se entregarían bases, ni dejarán a trabajadores de contrato confianza, ni personal que no tuviera derechos adquiridos.
Ante los trabajadores que demandaban respeto a su antigüedad, sostuvo que “no se puede andar heredando personal cada que una legislatura concluye”.
Además ofreció revisar con la Dirección de Recursos Humanos del Congreso del estado, la situación de cada uno de los trabajadores.
Después de la experiencia de la 62 legislatura donde se pretendió asignar bases a trabajadores de los representantes populares, sin tener derecho a ello, la diputada priista sostuvo que situaciones como esas no se volverían a repetir.
Sin embargo, lejos de cumplir su promesa al coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI y presidenta de la Jucopo, junto con otros coordinadores de fracciones parlamentarias como la de Morena, Paola Gutiérrez Galindo, protegieron a un grupo de trabajadores que llegaron con ellos al Congreso, con la expedición de nombramientos de de confianza.
Estos nombramientos les reconocen antigüedad en el empleo a los trabajadores y por tanto derechos adquiridos, por lo que para separarlos de sus cargos deben de ser indemnizados de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
De esta manera un grupo de diputados de la pasada legislatura protegió a sus recomendados, mientras a aquellos que los no son de su consideración los dejaron que arreglaran sus situación laboral por sí solos.
Incluso la mayoría de estos 60 trabajadores que realizaban actividades vinculadas a la persona de una diputada o diputado, fueron incorporadas a las distintas direcciones del Congreso para simular un desempeño laboral ajeno a la persona de sus protectores.
