El Congreso estatal aprobó reformas a la Ley Orgánica Municipal para establecer como causa grave para la desaparición de poderes el desacato a las medidas sanitarias o protocolos de salud pública, tratándose de emergencias sanitarias, pandemias o cualquier otra crisis de salud.
De acuerdo al dictamen de la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, también es causa grave para la desaparición de un Ayuntamiento: poner en riesgo la vida, salud, dignidad o violación reiterada por parte del Ayuntamiento de los derechos humanos y las garantías de sus habitantes, consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local.
El documento señala que la emergencia por riesgo sanitario no ha terminado.
Gran parte de que el índice de mortandad del coronavirus aumente, se debe a la nula vigilancia de las autoridades municipales en imponer controles o medidas efectivas que permitan a la población evitar el mayor contacto social posible.
La otra causa, es que la sociedad hace caso omiso a las disposiciones oficiales y no previene su cuidado personal, realizar labores en la sociedad sin la protección adecuada en detrimento de su propia salud o la de terceros.
Sin embargo, -añade-, cuando estas dos causas se unen, además de representar un grave riesgo a la población, constituyen una desobediencia de dimensiones penales y políticas.
Los funcionarios públicos que relajan la Sana Distancia o los lineamientos de cuidados y prevención a la salud que dictan las autoridades en la materia, es sin lugar a dudas un desacato que debe configurar una consecuencia en la investidura que ostentan.
