El Gobierno de Oaxaca canceló en 2011 los contratos con la empresa comunitaria de muebles de la comunidad de Ixtlán de Juárez, lo que puso en riesgo su subsistencia, afirmó Artemio Aquino Vargas, secretario del Comisariado de Bienes Comunales.
Durante el sexenio anterior, explicó, se logró tener contratos con el gobierno del estado por alrededor de ocho o 10 millones de pesos anuales con la fábrica de muebles para el equipamiento de escuelas públicas a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y del Seguro Popular.
Pocos ingresos
La decisión del gobierno del estado, en esta administración, implicó que los ingresos de la empresa comunitaria se redujeran hasta en un 65 por ciento. “La empresa comunitaria, para ser rentable, debe tener ingresos de 12 a 15 millones de pesos anuales”, dijo.
“Lejos de tener una posibilidad de desarrollo y todo lo demás”, agregó, “los compromisos que tuvo con los poblanos fueron puros muebles de plástico”.
La característica principal de la fábrica de muebles es que produce en grandes cantidades y en serie, por tanto no puede diversificarse como lo haría una carpintería. Para ser rentable requiere de producciones grandes para reducir costos.
Reducen contratos
En el caso del Seguro Popular, los contratos se redujeron al mínimo. Es decir, mientras en el sexenio anterior eran de tres o cuatro millones de pesos, en el sexenio que está por concluir se redujo a menos de un millón de pesos.
“Fueron los mejores años de producción en la época de Ulises Ruiz. Había contratos con el Seguro Popular, con el IEEPO. Eso nos permitió reinvetir en la fábrica y dotarla de mayor tecnología. Pero vino el cambio de sexenio con el gobernador actual y básicamente, lo que es IEEPO, cero pesos, ya no tuvimos”.
Artemio Aquino aseguró que no se trata de tener un único cliente. Esto permitió que tuvieran la necesidad de buscar otros clientes potenciales para acomodar los productos de la fábrica de muebles; pero insistió que esperaban una retribución del gobierno del estado a la comunidad de Ixtlán, la cual contribuye a la economía social.
“Es justo que se retribuya un poco hacia las comunidades de lo que las comunidades generan”, manifestó.
Equidad en el trabajo
Actualmente, el cliente principal de la empresa comunitaria de Ixtlán de Juárez es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con la que tienen contratos anuales de 2 millones 400 mil pesos y 1 millón 200 mil pesos. También dependen de la venta al público y de algunos contratos que han logrado con el gobierno del estado de Guerrero.
“Lo que ellos buscan (la CDI) es que los muebles tengan rasgos indígenas, como ellos dicen y que haya equidad de género en el trabajo. Aquí, la mujer ha estado trabajando y participando desde hace mucho tiempo”.
“No queremos que nos den el pescado, queremos que nos enseñen a pescar”.
Empresa comunitaria
Ixtlán de Juárez
