La presidenta de la Comisión de Democracia Participativa con Igualdad de Oportunidades, en la 63 legislatura local, Nallely Hernández García, lamentó que la política de seguridad pública en la entidad sea uno de los temas más cuestionados, pero defendió que esto no es responsabilidad única del estado; en ello, dijo, los presidentes municipales llevan una carga de responsabilidad que no han asumido como deben.
Reconoció que existe apatía por parte de los ediles quienes amparados en la autonomía municipal, en algunos casos, lejos de coadyuvar con la implementación de estrategias y cumplir con lo que marca la Ley en materia de Seguridad Pública, obstaculizan las acciones tanto de los gobiernos de los otros niveles, como del propio Congreso.
Luego de su participación en la instalación del Comité de Consulta y Participación Ciudadana de Seguridad Pública, manifestó que la ausencia de voluntad y acuerdos entre autoridades municipales y estatales encargadas del asunto, impide la aplicación de la norma y la aplicación de acciones coordinadas en favor de las comunidades.
“Por supuesto eso complica la tarea, cuando se quieren hacer las cosas hay que tener voluntad y, esa voluntad, incluye a todos; para combatir el flagelo de la delincuencia debemos entrarle con hechos tangibles, pero ello no pueden generarse si las propias áreas responsables actúan al margen de la ley con corporaciones cuyos elementos no se certifican”, dijo.
Agregó, que la queja recurrente de los presidentes municipales es respecto a los costos -8 mil pesos aproximadamente por agente-, que deben pagar para cumplir con ello, sobre todo cuando al termino de cada periodo se releva al personal – aun certificado- "para colocar a los compadres o cumplir con compromisos que adquirieron en campaña", .
Empero, cuestionó el destino de los recursos destinados al rubro de seguridad, que no se ocupan en la certificación de los policías.
“No tenemos una cultura, donde se privilegie la permanencia de los policías certificados, quienes además de su acreditación cuentan con la experiencia necesaria, este es un asunto que sigue pesando en las regiones, pero insisto, las autoridades municipales cierran la puerta, le adjudican toda la responsabilidad al estado y no explican en que gastan el dinero que reciben para seguridad, concluyó.
