La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) propuso reformar el Código Penal del estado, a fin de incrementar las sanciones de prisión, pecuniarias y el tiempo de inhabilitación para desempeñar otro cargo público, a quienes cometan el delito de peculado.
Desde la tribuna camaral, el diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe señaló que la iniciativa tiene como objetivo castigar a todo servidor público sin importar el tiempo transcurrido en la comisión del delito, con sanciones más severas.
“El servicio público se encuentra sustentando en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, siendo la bases de las actividades y funciones del estado, por lo que si un servidor público comete una conducta contraria a la ley, constituye motivo suficiente para imponer un castigo más severo”.
Señaló que actualmente se aplican de 1 a 15 años de prisión, multas de mil a 50 mil pesos y una inhabilitación del cargo de 2 a 6 años a quienes cometen peculado; por lo que propone que cuando el monto de los distraído no exceda el equivalente de 500 veces el salario mínimo vigente en el momento de cometerse el delito, se impondrá una pena de 2 a 15 años de prisión, multa de 150 a 500 veces el salario mínimo vigente, así como la inhabilitación de 2 a 8 años para desempeñar otro cargo.
Añadió que cuando el monto de lo distraído exceda 500 veces el salario mínimo, la pena será de 5 a 20 años de prisión, multa de 500 a 750 veces el salario mínimo y la inhabilitación de 5 a 20 años.
Subrayó que también es importante que el delito de peculado no prescriba, por lo que proponen un caso de excepción a fin de que la prescripción no opere tanto en la acción penal, como en la ejecución de la pena, en el caso de la comisión de este delito.
Por su parte, el diputado Jesús Romero presentó la iniciativa por la que se expide la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
Misma que fortalece las facultades correspondientes al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, toda vez que fija los mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas e lógica del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se establecen sanciones para los servidores públicos que no cumplan con su obligación de presentar, en tiempo y forma, las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
