El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) exigió al gobierno federal, así como a las administraciones estatales de México aplicar políticas públicas para las comunidades expulsoras de migrantes para que sean sujetos de desarrollo y hagan efectivo su derecho a no migrar.
En ocasión del Día Internacional del Migrante, el coordinador estatal de la organización en California, Jesús Estrada Velasco dijo que el FIOB siempre se ha pronunciado por reivindicación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes, por su vulnerabilidad en todo el mundo, donde México no es la excepción.
Expuso que los jornaleros agrícolas migrantes en los Estados Unidos, la mayoría de ellos militantes de su organización, llegaron en busca de un empleo para el sostenimiento de sus familias, pero solamente reciben salarios de miseria y carecen de prestaciones de seguridad social.
Además, observó que quienes cruzan la frontera sin documentos para tener una estancia legal en ese país, sufren abusos y discriminación de los patrones, porque pagan sueldos muy por debajo del salario mínimo y sin las prestaciones marcadas por la Ley.
Subrayó que los migrantes realizan los trabajos más rudos y pesados tanto en el campo como en la ciudad y con esto, contribuyen al crecimiento de las economías de ambos países.
Detalló que los migrantes son la segunda fuente de ingresos más importante para nuestro país, pues al cierre de este año 2020 se prevé un envió de $37 mil 200 millones de dólares, cifra récord, pero sin justicia para ellos.
Ante este panorama de crisis humana y laboral, el FIOB demandó a la aplicación de políticas públicas para las comunidades expulsoras de migrantes para que sean sujetos de desarrollo y no migren.
También, reprobó el discurso político que aplaude a los migrantes pero en la vía de los hechos no hacen nada para frenar y evitar la migración.
“Solo los utilizan para ganar votos en los procesos electorales, pero son indolentes y omisos ante el sufrimiento diario que padecen”, señaló.
El coordinador estatal exigió igualmente que los congresos federal y estatales asignen los recursos necesarios para fomentar el empleo en las comunidades marginadas, programas para proyectos productivos y, sobre todo, la protección efectiva de sus derechos humanos y laborales.
