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Exfuncionario de la Mixteca busca ser diputado pese a acusaciones de crear chat de fotos íntimas

Foto(s): Cortesía
Citlalli López Velázquez

Beto Santos, exfuncionario de gobierno que presuntamente creo el chat de whats app llamado SIERRA XXX en donde invitaba a subir fotos con contenido sexual de mujeres indígenas ayukk, busca ser candidato a diputado local por el distrito Mixe de Oaxaca.


El aspirante forma parte de una lista de políticos señalados por delitos contra las mujeres.


En marzo de 2020, este personaje y otros del INPI fueron exhibidos por incurrir en violación a la intimidad sexual de mujeres indígenas.


Identificado como “Beto Zacate” dentro del grupo de whats app con al menos cien participantes, fue quien creó el chat invitando a mandar “porno”.


“Acá sin pedos, puro amplio criterio ayukk. De preferencia paisanas. NO españolas por fi”, escribió quien ahora busca ser diputado por el distrito 10 Mixe/Choapam.


Feministas denunciaron al precandidato como violentador, hecho por el cual fueron tiradas las publicaciones. 


“Este nivel de misoginia y machismo es intolerable en alguien que pretende legislar y vivir del presupuesto público. Una de las mujeres hizo una denuncia, otras fueron amedrentadas y no lo hicieron, y qué indignación de todos los hombres que ahí participaban, políticos, maestros, entre otros”, añadieron en distintas cuentas.


La 64 Legislatura analiza otra reforma a la fracción VII del artículo 21 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, para adicionar como requisito para quienes aspiren a candidaturas, no contar con antecedentes de agresores sexuales, no estar sentenciada o sentenciado por los delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.


Esto se sumaría a lo aprobado el 30 de mayo de 2020 por el Congreso de Oaxaca que reformó la Constitución local, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, con la cual cerraron la puerta a las personas sancionadas por violencia política en razón de género, violencia familiar o por delitos que atenten contra la obligación alimentaria.

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