Por el surgimiento del movimiento democrático universitario en la UABJO, la aparición de grupos guerrilleros, la creación de organizaciones que enarbolaban demandas sociales, como la COCEO y la COCEI, y las crecientes manifestaciones públicas, las desaparecidas direcciones General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y Federal de Seguridad (DFS), espiaron a decenas de estudiantes, activistas, líderes, políticos, ministros religiosos y hasta gobernadores de Oaxaca, durante las décadas de los 70 y los 80.
Aunque el acecho e investigación de esas agencias de inteligencia del régimen priista de entonces, dependientes de la Secretaría de Gobernación (Segob), terminaron en detenciones ilegales y confinamiento en cárceles clandestinas, en instalaciones policiales y militares tanto en esta ciudad, como en el entonces Distrito Federal, en desapariciones y hasta en ejecuciones extrajudiciales.
Esa política del Estado mexicano, que se conoció como la guerra sucia, después de las matanzas del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y del 10 de junio de 1971, el llamado Halconazo del Jueves de Corpus, para enfrentar los reclamos sociales no atendidos, fue operada por la Brigada Blanca o Brigada Especial, integradas por policías de las procuradurías generales de la República (PGR) y general de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal y del Ejército Mexicano.
El PROCUP y la Liga 23 de Septiembre
En esos años, según las versiones públicas disponibles para su consulta pública dadas a conocer por la Secretaría de Gobernación, disponibles en el Archivo General de la Nación, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la DGIPS y la DFS espiaron al arzobispo de Antequera-Oaxaca, Bartolomé Carrasco Briseño y al obispo de la Diócesis de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, al entonces rector de la UABJO, Felipe Martínez Soriano, a su hija Maribel Martínez Martínez, a la “tribu” de los triquis y a los entonces gobernadores Manuel Zárate Aquino y Eliseo Jiménez Ruiz, a los noveles políticos Heladio Ramírez López y José Murat Casab, así como a presuntos narcotraficantes.
Pero, también a los hermanos Enrique, Alejandro Constantino, Felipe Edgardo y Florencia Elodia Canseco Ruiz, por su participación en el Movimiento Democrático Universitario y su posterior ingreso de algunos a la clandestinidad, para pertenecer a la Unión del Pueblo, que devino después en el Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) y en el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Posteriormente, Felipe Edgardo fue detenido y procesado junto con David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio, el guerrillero guerrerense. Mientras que Florencia Elodia, fue identificada por esas agencias de inteligencia del Estado mexicano –que se convirtieron después en el también desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)–, como fundadora del PROCUP y después en comandante del EPR.
También describieron a Alejandro Constantino como miembro fundador del EPR y posteriormente de una de sus escisiones, la Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR).
De la misma manera, la DGIPS y la DFS hicieron seguimiento a los hermanos Arturo, José Luis y Felipe Cortés Gutiérrez, quienes después fueron asesinados supuestamente por miembros del PROCUP, en esta ciudad y en el otrora Distrito Federal, por traicionar la lucha revolucionaria.
Otro de los espiados fue el ex secretario general de la UABJO, Carlos Hernández Chavarría, que fue asesinado en las puertas de su casa, supuestamente por un comando del PROCUP, por esas mismas causas.
Además, aparecen los hermanos Tiburcio, Gabriel Alberto y Nieves Cruz Sánchez. Tiburcio, identificado fue identificado por esas agencias de inteligencia como fundador del PROCUP y el principal comandante del EPR, así como esposo de Florencia Elodia Canseco Ruiz. Ambos, supuestamente, con una nueva identidad por razones de seguridad, Francisco Cerezo y Emilia Contreras, son padres de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio.
Años después, el EPR denunció la detención-desaparición forzada de Gabriel Alberto y Edmundo Reyes Amaya, sucedida el 25 de mayo de 2007, en esta ciudad.
En esos años, se hizo igualmente un seguimiento de los hermanos Blanca Estela, Oscar Nahúm y Víctor Hugo Círigo Vásquez, integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, unas de las principales organizaciones armadas revolucionarias de esos tiempos.
Víctor Hugo, fue miembro del PRD, donde fue electo diputado del PRD en la Cámara de Diputados federal y de la Asamblea Legislativa, así como dirigente partidista en el Distrito Federal.
Mientras que Oscar Nahúm cambió su nombre después de su detención a René Arce Islas, supuestamente por un arreglo con el entonces mando de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, para delatar a sus ex compañeros, a cambio de no ser detenido y procesado penalmente.
Los que desaparecieron
Dentro de la guerra sucia, la DGIPYS y la DFS, también espiaron a Avelino Francisco y Roberto Antonio Gallangos Cruz, migrantes en el Distrito Federal, originarios de Santiago Jamiltepec.
Roberto Antonio, fue detenido el 26 de julio de 1968, durante una redada que culminó en la Masacre de Tlatelolco, siendo encarcelado en la infame prisión de Lecumberri, por más de dos meses.
Después de siete años, las agencias de inteligencia compilaron su asociación con grupos guerrilleros, en este caso con la Liga Comunista 23 de Septiembre, y así fue detenido por la DFS, aunque sus confesiones fueron evidentemente forzadas por las fotografías publicadas con signos de tortura.
Las agencias de inteligencia detuvieron igualmente a su esposa Carmen Vargas Pérez y a su hermano Avelino Francisco. Los tres, permanecen aún desaparecidos.
También, se encuentran desaparecidos, otros tres oaxaqueños, Manuel González Fuentes, Juan Martínez López y Juan Martínez Vásquez, quienes participaban en los movimientos sociales y aparentemente en organizaciones armadas revolucionarias de aquellos años.
