Como ejes centrales de su pliego petitorio, la Sección 22 del SNTE demandó al gobierno estatal la abrogación de la reforma educativa, de sus leyes secundarias, de la Ley Estatal de Educación y del decreto de 2015 para reformar el IEEPO, así como la reparación integral de los daños generados por la aplicación de esta “política neoliberal”.
De acuerdo con el documento, recibido por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el reclamo de la abrogación de la reforma peñista que modificó los artículos tres y 73 se fundamenta en que privatiza la educación pública y genera un régimen de excepción en perjuicio de los derechos de los trabajadores de la educación.
Dentro de eso, requiere la reinstalación inmediata y sin condiciones de sus compañeros cesados Betzaida Martínez Bautista y Julio César Almeida Anaya, por su oposición a la reforma educativa.
Así también, el pago de salarios retenidos a otros de sus compañeros, Soledad Ramírez Ramírez, Juan Manuel Méndez Rodríguez y Juan Manuel Guzmán Mora, igualmente por oponerse a la reforma educativa.
Además, el descongelamiento de los depósitos de las cuotas sindicales de la gremial y la habilitación de las cuentas bancarias de sus ex dirigentes, Rubén Núñez Ginez, Francisco Villalobos Ricárdez, Gustavo Manzano Sosa, Claudio Mendoza García, José Antonio Altamirano Ojeda, Aciel Sibaja Mendoza, Efraín Picazo Pérez, Norma Cruz Vásquez, María del Carmen López Vásquez, Othón nazariega Segura, Heriberto Magarino López y Roberto Abel Jiménez García –algunos de ellos, presos en penales federales–, por encabezar la lucha en contra de la reforma educativa.
Así como atender los agravios causados por la intención de aplicar la “nefasta” reforma educativa que dejó cinco mil 517 incidencias administrativas.
Aparte de esto, demanda el reconocimiento de la bilateralidad entre el IEEPO y la Sección 22, como patrón y trabajador, como dispone el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política federal, para garantizar la estabilidad y certeza laboral de los trabajadores de la educación.
Asimismo, el reconocimiento y asignación de presupuesto financiero para el seguimiento del Plan de la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), el respeto a los proyectos educativos alternativos y el reconocimiento a los estudios de la Escuela Norla Superior Federal de Oaxaca (ENSFO).
Los bonos
Por otra parte, requiere el pago de la prima de antigüedad a 17 mil 498 trabajadores jubilados y el pago del bono 2018-2019 a otros 18 mil 880 jubilados.
Igualmente, reclama garantizar el servicio a los alumnos de educación especial, a través de los diferentes planteles de la Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER), del Centro de Atención Múltiple (CAM) y de la Unidad de Orientación al Público (UOP).
Además, la recuperación del programa estatal de becas para alumnos de educación básica, media superior y superior, así como mantener e incrementar el programa de uniformes y útiles escolares,
Así también la reconstrucción y mantenimiento de los albergues escolares y la reconstrucción de cinco mil escuelas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, así como del 16 de febrero del 2018.
Van contra funcionarios
Además, la destitución del recién nombrado titular de las Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla y en su lugar sea designada una persona de probada trayectoria.
En este mismo sentido, reclama el reemplazo del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, por ser un “asesino y represor” durante el movimiento magisterial y popular del 2006.
Por último, demanda la regularización legal de todos los edificios de la Sección 22 del SNTE, así como su remodelación y equipamiento.
Así como la asignación de parque vehicular para las secretarías de orden general, los niveles educativos y organismos auxiliares, para desarrollar las a
