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Entre 20 mil y 30 mil pesos cobra edil de Santa Lucía a locatarios de Macroplaza

Foto(s): Cortesía
Redacción

El ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, a pesar de permanecer acéfalo desde hace meses, determinó clausurar este viernes la Macroplaza, ubicada en la carretera 190. Los accesos al centro comercial quedaron acordonados con cintas plásticas y sellos con la leyenda "clausurado".


La medida autoritaria de la administración que encabeza el edil con licencia, Galdino Huerta Escudero, quien perseguía una candidatura para diputado, sorprendió tanto a empleados como a clientes, que pretendían ingresar al complejo comercial erigido en 2014 y que hoy es presa de un aumento de impuestos del 400%, por imposición municipal.


Mientras el gerente del lugar se negaba a declarar ante los medios de comunicación que buscaron su versión de lo sucedido, personas en el exterior buscaban respuestas sobre cuándo volverán a abrir los más de 40 locales que alberga la construcción. En tanto, algunos empleados de las tiendas que conforman la Macroplaza, permanecieron al interior de sus centros de trabajo, para evitar descuentos.


Desde el anonimato, algunos de los locatarios comentaron que el ayuntamiento, que en un principio pugnó por la construcción de la plaza en la jurisdicción del municipio, busca hacer cobros excesivos por concepto de impuestos de diferente índole como derecho de piso y derecho a la venta. Por local, Huerta Escudero pretende obtener entre 20 y 30 mil pesos.


Ayer, elementos de seguridad que custodiaban la plaza impidieron también el ingreso de vehículos que surtirían a los supermercados del lugar. "No se cerraron los locales, pero se cerró el acceso a la plaza y no sabemos hasta cuándo se volverá a abrir", advirtió uno de los uniformados a una ciudadana.


Desde la semana pasada, algunos de los establecimientos fueron cerrados por falta de pago del impuesto denominado "continuidad de operaciones". En los últimos meses, por instrucciones del edil con licencia, quien opera a través de  su suplente, Carlos Girón, ha propiciado el cierre de tres tiendas Oxxo y una de Abarrotes la Asunción.


El retroceso de uno de los municipios más grandes del estado, ha provocado la evidente molestia de la ciudadanía, que se queja de calles sin alumbrado público, zonas inseguras, delincuencia y exceso de basura.


Problemas sin resolver


El pasado 9 de abril, recolectores de basura del municipio mencionaron que tres vehículos de recolección han permanecido por semanas en el taller, sin que ninguna autoridad se haga responsable por ponerlos en operación.


La insuficiencia de camiones recolectores ha propiciado molestia entre los vecinos de las 28 colonias donde prestan servicio y que pertenecen al municipio, pues la recolección de basura se realiza una vez por semana.


 



 


CABILDO FANTASMA


Desde febrero, el munícipe Galdino Huerta pidió licencia para postularse como aspirante a una diputación por el PRI, y pese a que la candidatura no le fue otorgada, no se ha reincorporado a sus labores.


El síndico procurador también pidió permiso para ausentarse de sus labores y tras él, siguieron regidores y la secretaria municipal, dejando al ayuntamiento sin pies ni cabeza. Por ello, los integrantes del comité de bienes ejidales de la demarcación denunciaron que desde hace más de un año el cabildo no sesiona, y6 como consecuencia, nunca se nombró un encargado del despacho que asumiera la representación municipal, durante la ausencia del presidente.


El suplente de Huerta Escudero, Carlos Girón, ostenta el cargo de encargado del despacho de la presidencia municipal, sin que su nombramiento haya sido consensado en una sesión de cabildo.


 



 


POLICÍAS AL ACECHO


Elementos policiales del municipio han denunciado al presidente de adquisiciones, Óscar Segura de exigir, a nombre del edil, una cuota de cinco infracciones diarias a cada elemento, a partir de febrero.


Las multas oscilan entre los 500 y los 800 pesos, montos interpuestos por los 43 uniformados que tienen a su cargo el resguardo de la población. Los cuatro mil pesos diarios exigidos a los elementos del orden, sobrepasan el sueldo mensual de los vigilantes que apenas llega a los 3 mil 300 pesos al mes.


El comité de bienes ejidales denunció que a pesar de que varios regidores del municipio han abandonado sus funciones y no hay nadie de forma oficial al frente de la población, las oficinas de recaudación de impuestos funcionan regularmente, pero no rinden cuentas de lo recaudado.

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