Al menos dos políticos señalados por violencia en razón de género fueron inscritos ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) como candidatos a un cargo de elección popular para la contienda 2020-2021 en Oaxaca.
Uno de estos casos es el candidato a la presidencia municipal de Santa María Xadani por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Osiris Jiménez Mathus, sobre quien pesa una denuncia por violencia familiar interpuesta por su esposa Beliavit Guerra ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
El otro es Dante Montaño Montero, quien busca reelegirse como presidente municipal de Santa Lucía del Camino y fue inscrito como candidato por Partido del Trabajo. Sobre el edil pesa el expediente SX-JDC-151/2020 SX-JE-39/2020, por violencia política en razón de género en contra de Nallely Ortiz Jiménez, regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables.
El edil está dentro del registro de personas sancionadas por violencia política del IEEPCO; sin embargo, no aparece en las listas del INE, argumento con el cual se coló a la elección.
En el primer caso, el de Jiménez Mathus fue señalado de manera legal por incurrir en malos tratos, agresiones, golpes, amenazas e incluso discriminación étnica contra su esposa, hecho que la llevó a acudir ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para solicitar medidas cautelares debido a que teme por su vida y la de sus hijos.
Según el dirigente estatal de Morena, Sesúl Bolaños López, el caso ya está en manos de la CNE del partido, el cual decidirá si lo dejan o deciden postular otro candidato.
Impedidos para participar
Cabe recordar que deudores de pensión alimenticia y condenados por violencia familiar o delitos sexuales no podrán ser candidatos en las elecciones de 2021.
A finales de octubre de 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por lo que deudores de pensión alimenticia y condenados por violencia familiar o delitos sexuales tenían cerrada la puerta de la contienda electoral.
En dichos lineamientos el INE incluyó un capítulo tres de tres contra la violencia, en el cual los partidos políticos están obligados a solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establecerá que no habían sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
