Oaxaca.- La pugna por el dinero que han logrado hasta ahora por expropiación de terrenos donde se asienta el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, se intensificó ayer en San Agustín de las Juntas, al acordar la asamblea destituir al Comisariado de Bienes Comunales y Ejidales.
Lo anterior, a fin de que se investigue el destino de los 16 millones de pesos que hasta ahora han recibido como pago de la expropiación, monto total que asciende a 93 millones de pesos.
Ayer al mediodía concluyó la reunión de los comuneros y ejidatarios, en que por mayoría convinieron en quitar los cargos de presidente a Alfredo Carrillo Lara, de secretario a Margarito Cruz Valeriano, y de tesorero a Donato Mejía.
Los tres fueron acusados de un presunto fraude por 16 millones de pesos, primeros recursos obtenidos del gobierno federal, a través de la Dirección de Aeronáutica Civil, tras un proceso en que los pobladores reclamaban como suya una porción del aeropuerto que se asienta en su mayoría en jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán.
Según los inconformes, las ahora exautoridades agrarias únicamente habían rendido cuentas de seis millones de pesos pero no lograban justificar el destino del resto del dinero. Tampoco han informado con claridad el avance de las gestiones para lograr la totalidad de los 93 millones de pesos por concepto de indemnización.
Durante la asamblea efectuada en el auditorio “Emiliano Zapata”, anexo al palacio municipal, acordaron igualmente dejar al frente de la representación agraria al Presidente del Consejo de Vigilancia, Ángel Ruiz Elorza, de quien expresaron opiniones favorables.
De la misma manera, solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la que depende la Dirección de Aeronáutica Civil, así como la Secretaría General de Gobierno (Segego) se les restituya en un plazo de 10 días los 16 millones de pesos ya pagados al Comisariado destituido.
Además, evitar la contratación de abogados y asesores externos, como fue el caso de la organización Comuna, que lidera Flavio Sosa Villavicencio. Por último, convinieron en iniciar un procedimiento penal en contra de las ex autoridades agrarias.
