HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- Integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) denunciaron que a más de seis años de que fuera asesinada la defensora de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo, persisten las amenazas de muerte contra el coordinador general de esta organización y viudo de Bety Cariño, Omar Esparza Zárate.
Persisten las amenazas
El líder de MAIZ en la región Mixteca, Misael Velásquez Tadeo, destacó que “a seis años del asesinato de nuestra compañera las amenazas persisten, y estas son contra el compañero Omar Esparza, quien es integrante de la organización".
Recalcó que a pesar de las múltiples manifestaciones de manera pacífica que se han desarrollado en el país, el gobierno mexicano no ha brindado la protección necesaria para quienes están en la lucha de la defensa de los derechos humanos y para que se haga justicia en el caso de Bety Cariño-Jyri Jaakkola, pues hay constantes acciones para amedrentarlos.
Siguen libres nueve participantes
Refirió que la crisis de justicia que vive México es un tema que preocupa a todos los sectores, no sólo a las víctimas de la violencia, por lo que en la lucha de la defensa de los derechos humanos también se está exigiendo aclarar los casos de las demás víctimas, pues los crímenes los ha padecido todo México.
“Han existido amenazas y están latentes, el pánico ya no existe, el miedo se nos terminó desde hace mucho tiempo, hemos estado seis años y creo que de alguna manera el temor ha quedado superado; lo que pasa es que en el día a día no sabemos el actuar de los involucrados, que no sólo son cuatro, son nueve los presuntos homicidas que aún continúan libres”, refirió Omar Esparza.
No hay juicios
Explicó que en el caso Bety-Jyri hay cuatro personas detenidas: Rufino Juárez Hernández, Elías Cruz, Faustino Vásquez, Mauro Vázquez Ramírez, y existen nueve órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar, y aunque los presuntos involucrados están retenidos en reclusorios, no se han iniciado los juicios.
Recalcó que el caso de Bety Cariño podría estar estancado durante años pues los jueces han decidido que no se inicien los juicios contra estas personas, y que aunque estén detenidos los posibles involucrados, el caso sigue sin resolverse.
Sostuvo que hasta esta fecha no se han detenido a las personas que deberían de estar presas, pues las cabezas de esta situación se pasean libremente por las calles, como si no hubiesen tenido participación en algún delito.
La lucha social seguirá
A pesar de las complicaciones que existen, hay muchas razones por las cuales seguirá en la lucha social, en donde el único beneficio es el bienestar de las comunidades indígenas, como es la región Triqui, en donde las autoridades no llegan porque no quieren.
