Activistas de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo presentaron en París, Francia, una demanda civil en la Corte en contra de la compañía Electricité de France (EDF), por la violación a sus derechos humanos en la consulta previa, libre e informada para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú en su territorio.
En una conferencia de prensa virtual ofrecida con los activistas Rosalva Fuentes Martínez y Pedro Matus Ruiz, la coordinadora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Alejandra Ancheita Pagaza, informó que esta primera acción legal fue presentada por esa organización y el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), ante las violaciones de la empresa a los derechos de la comunidad al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico.
Explicó que la compañía firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, así como contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto al proyecto eólico,
Observó que estas omisiones de EDF originaron una escalada de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad, quienes son estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa.
Detalló que un Juzgado Federal, al resolver un amparo presentado por defensores de derechos humanos, ordenó en octubre de 2018 a las autoridades mexicanas desarrollar una consulta cumpliendo los más altos estándares internacionales, sin embargo, no cambió la posición de la empresa y sus socios comerciales locales.
Destacó que la comunidad indígena acudió hasta la Corte de París para demandar la suspensión del proyecto porque EDF no cumple su obligación de respetar derechos humanos, establecida desde 2017 en la Ley Francesa del Deber de Vigilancia y con esto, evitar mayores violaciones.
Resaltó que la demanda está respaldada públicamente por diversas organizaciones francesas, como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Les Amis de la Terre France, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch y Fair, y Global and Green Alliance (FGG).
