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Decomisar bienes de corruptos, proponen en el Congreso de Oaxaca

Foto(s): Cortesía
Luis Ignacio Velásquez

La diputada María Mercedes Rojas Saldaña presentó una iniciativa de reforma al artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a fin de que los funcionarios públicos que cometan los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad y cohecho tengan como sanción la pérdida de derechos de propiedad y de bienes, sin prestación o compensación alguna por parte del Estado.


La legisladora priista subrayó que esta reforma busca proveer de eficacia y eficiencia al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.


Desde la tribuna camaral señaló que realizar la adecuación al marco constitucional local resulta trascendente, “en virtud de que permitirá mayor número de expedientes, en el aseguramiento de bienes que garanticen la reparación al erario en caso de acreditarse por parte de la autoridad competente estos tipos penales y la responsabilidad derivada de una conducta delictuosa cometida por parte de los servidores públicos del estado”.


Añadió que el decomiso, al encontrarse asociado con el resultado del procedimiento de culpabilidad, no permitía el aseguramiento de los bienes que tienen que ver con los diferentes ilícitos.


Dijo que la iniciativa propone buscar estrategias para el diseño de instrumentos normativos que robustezcan el combate a la corrupción y fomenten la rendición de cuentas.


“En esta tesitura, propongo la incorporación de diversos tipos penales como causa de pérdida de derechos de propiedad y de bienes, sin contraprestación o compensación alguna, como los son: enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad y cohecho, delitos que se encuentran contemplados dentro del título octavo del Código Penal del Estado de Oaxaca, denominado Delitos por hechos de corrupción”.


Manifestó que también se presenta la iniciativa por la que se reforma el artículo décimo de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Oaxaca, a efecto de armonizar la disposición constitucional y garantizar su estricta aplicación en la ley secundaria.

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