Para el investigador de la organización civil México Evalúa, Marco Antonio Fernández, el talón de Aquiles del sistema educativo nacional no sólo es la baja calidad y la inequidad en el acceso a oportunidades educativas; en gran medida el principal problema nacional y en el que la educación no es una excepción es el cáncer de la corrupción, aseguró.
El especialista en temas educativos señala que la corrupción ha distorsionado la forma en que se ha seleccionado a un número importante de docentes en nuestro país. “Lo que tendría que ser la profesión de mayor prestigio social, dada su alta responsabilidad para la formación de niños y jóvenes, se ve seriamente cuestionada por prácticas de corrupción".
Consideró que hasta hace muy poco se consideraba como un derecho de los docentes heredar y vender las plazas magisteriales, sin importar el perfil de quienes ocuparan estas nuevas posiciones como docentes. "La corrupción permitió que por muchos años se convirtiera en un derecho para todo aquel que estudiara para maestro la garantía de una plaza en el sistema público de educación nacional”.
Ejemplo del daño que ha causado la corrupción a este sistema es como se pervirtió la carrera magisterial, un programa que desde 1993 otorga incentivos económicos sustantivos a los docentes -del 36 al 294 por ciento de incremento sobre el salario base magisterial- y que en su origen buscaba reconocer a los mejores docentes, pero que el sindicato logró capturar rápidamente para que, mediante comisiones evaluadoras controladas por el sindicato, distribuyera el acceso al programa, convirtiéndolo en un instrumento eficaz para afianzar la disciplina de sus miembros.
“La corrupción hizo que las evaluaciones a realizar por los directores de las escuelas aplicadas a los docentes que aspiraban a carrera magisterial, derivaran en ejercicios en los que nuevamente el mérito poco importaba, sino que la lealtad, el contubernio y pagos ilegales garantizando excelentes resultados a todo aquel individuo evaluado por su director”, indicó.
Además la corrupción y los servicios político electorales explican que las autoridades federales y estatales desde hace mucho tiempo cedieran al sindicato magisterial -tanto institucional como a su disidencia- posiciones claves de la gobernanza de los sistemas educativos a lo largo del país.
Antonio Fernández critica que en la amnesia selectiva de quienes se oponen a la reforma educativa no hay espacio para reconocer que hasta 2013 no teníamos una idea de cuántos docentes existían en el país porque, bajo una mala descentralización parcial en 1992, los estados asumieron a medias responsabilidades educativas.
Reconoció que las entidades también inflaron la nómina magisterial para financiar, a partir de transferencias federales educativas, rubros ajenos al propósito educativo que incluyeron hasta el financiamiento de campañas electorales.
En este contexto, y pese precisamente a movilizaciones magisteriales importantes, el Congreso aprobó en diciembre de 2012 y en 2013 una serie de cambios constitucionales y legales para ir cambiando paulatinamente el sistema educativo. En su aplicación se han registrado diversos errores que ponen en peligro su viabilidad.
El especialistas precisa que las marchas, plantones y demás acciones disruptivas "son el viejo instrumento del magisterio para extraer concesiones de la autoridad, ya que desde hace tiempo atrás aprendieron que son en las calles, y no en el aula como buenos docentes, como se pueden lograr privilegios, canonjías y mejores prestaciones laborales", concluyó.
“La corrupción pervirtió las evaluaciones a docentes que aspiraban a una carrera magisterial, el mérito poco importaba, sino el contubernio y pagos ilegales":
Marco Antonio Fernández, especialista de la organización civil México Evalúa
