Militantes de organizaciones sociales adheridas a la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Gratuita y los Derechos Humanos bloquearon ayer la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel, en inmediaciones de San Agustín de Las Juntas, y el camino de acceso al aeropuerto internacional Benito Juárez de Oaxaca, como medida de presión para que sean atendidos sus reclamos.
El cierre de la circulación vehicular afectó la movilidad de cientos de automovilistas y usuarios del servicio de transporte público concesionado que se dirigían a esta ciudad o a municipios de las regiones de Valles Centrales, Sierra Sur y Costa.
La interrupción del tráfico también originó que decenas de usuarios del servicio aéreo arribaran o salieran caminando con su equipaje en mano de la terminal.
"Justicia para dirigente"
Además, ocuparon la caseta de cobro Huitzo de la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan y cerraron vías de comunicación en las regiones de la Mixteca, Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan.
En su representación, el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia Rural (Codeci AR), Juan Torres Pereda informó que la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Gratuita y los Derechos Humanos se movilizó con el respaldo de el Frente Popular Francisco Villa México-Siglo XXI, para reclamar el esclarecimiento del asesinato de su hermano Catarino Torres Pereda, sucedido el 22 de octubre de 2010 en la ciudad de Tuxtepec.
Además, requirió la solución al conflicto político-administrativo-social en San José Ayuquila, región de la Mixteca, donde la autoridad municipal con la protección de la administración estatal "saquea y roba los recursos municipales sin haber iniciado alguna obra en beneficio de la comunidad.
De la misma manera, demandó la detención inmediata de los autores intelectuales y materiales plenamente identificados de la tentativa de homicidio con armas de fuego a su compañero defensor del territorio de San Isidro del Estado, Putla Villa de Guerrero, Tomás Mendoza Jiménez.
También, exigió la solución al conflicto político-social en el predio La Rica Hoja, perteneciente a Valle Nacional, donde funcionarios de la Fiscalía General del Estado actúan como “brazo represor” de personas quienes pretenden adueñarse de las tierras al hostigar y perseguir a sus compañeros con la integración de carpetas de investigación en su contra.
Ante esto, Torres Pereda demandó una audiencia al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al fiscal general, Arturo Peimbert Calvo y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez, para que atiendan personalmente sus peticiones.
