SAN PEDRO POCHUTLA, Oaxaca.- A pesar de que se ha comprobado la inexistencia personal y jurídica de los supuestos demandantes que piden la restitución de al menos 300 hectáreas de la comunidad Tilzapote, Tonameca, y de una serie de alteraciones y falsificación de documentos en la que estarían involucrados una reconocida notaria de Oaxaca y funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno, ahora los representantes legales de quienes intentan despojar a la comunidad de sus tierras, pretenden que el gobierno les indemnice con un pago de cuatro mil 677 millones de pesos, informó Edith Santibáñez Bohórquez, abogada defensora de las familias de Tilzapote.
Agregó que en un nuevo intento de sostener la pugna en la que dos particulares, Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera -a los que nadie conoce, y ahora se ha comprobado, no cuentan con presencia jurídica ni antecedentes en la vida agraria de la zona-, se ostentan como propietarios de 300 hectáreas en la comunidad Tilzapote y pretenden despojar a decenas de familias asentadas desde hace más de 70 años; ahora, los demandantes buscan obtener una jugosa indemnización como reparación del daño al no hacerse válida la sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) para la restitución de las tierras.
Pretenden desfalco millonario al erario
Destacó que luego de detectarse un sinnúmero de irregularidades en el expediente 414 radicado en el TUA y de evitar por medios legales y a través de la presión de los pobladores el desalojo, ahora los pretendidos quejosos, que siguen sin acudir a una sola audiencia y a quienes el propio gobierno estatal ha tratado de identificar, sin éxito alguno, pretenden desfalcar al erario federal con una reparación del daño, correspondiente al supuesto valor comercial de las tierras con base en un dudoso avalúo autorizado por el Juzgado del fuero común con sede en Pochutla.
“La supuesta parte demandante solicitó el pago de las 300 hectáreas, prestándose de manera alevosa los juzgadores para hacer el acompañamiento de unos peritos avalados por el Órgano Superior de la Federación, donde por medio de un avalúo le requieren al presidente del Tribunal Agrario, al gobernador de Oaxaca y al Presidente de la República, el pago por un valor comercial de cuatro mil 677 millones de pesos”, explicó.
Acusan a notaria de falsificar documentos
Luego de más de diez años de lucha de parte de los comuneros de Tilzapote, y de que se ha comprobado la existencia de documentos apócrifos que forman parte de un expediente formado a fuerza de inconsistencias, la abogada señala que entre las más evidentes está la que corresponde a la actuación de la notaria Maria Antonieta Chagoya Méndez, quien se habría prestado a falsificar las escrituras a favor de los particulares, y sobre quien existe una denuncia desde el año 2018 ante la Fiscalía General de la República, para que se cancele su FIAT por avalar documentales falsas.
A la queja de la notaria se suma la actuación de otros funcionarios estatales como el representante del Registro Público de la Propiedad, funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) y del propio Tribunal Agrario, sobre quienes pesan otras acusaciones por complicidad en actos fraudulentos y de las que ya tiene conocimiento el gobierno estatal.
Revocan órdenes de aprehensión
Como prueba, destacó, está la revocación de las órdenes de aprehensión que existían sobre 76 personas de Tilzapote, entre comuneros, la propia abogada y pobladores, por el delito de desacato por impedir el desalojo, que fueron revocadas a finales del mes de diciembre por la Fiscalía General de la República, al probarse su falta de sustento.
Hace falta, dijo, que lo antes posible se revise y castigue la actuación de toda una serie de funcionarios corruptos y omisos que han participado en el entramado para despojar a familias de Tilzapote.
