Militantes de organizaciones sociales bloquearon ayer por la mañana las avenidas Juárez y Pino Suárez, en inmediaciones de la Casa de Gobierno, en Oaxaca de Juárez, para presionar a la administración estatal a instalar una mesa de diálogo donde se atiendan sus reclamos.
Los manifestantes pretendían bloquear también los accesos de la Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas y el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria, pero desistieron ante la suspensión de actividades.
En declaraciones a la prensa, Miguel Cruz Moreno, integrante de la Junta Organizadora del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), una de los organismos participantes en la protesta, sostuvo que los gobiernos dicen combatir la pobreza y tener un plan de seguridad, pero la realidad es otra porque los datos estadísticos demuestran todo lo contrario.
“Sólo escuchamos que trabajan para terminar con la pobreza, sólo escuchamos que combaten a la delincuencia, que es la delincuencia quien asesina, no el Estado, pero este gobierno tiene una responsabilidad por los homicidios, al menos por su omisión en garantizar la seguridad pública”, asentó.
Subrayó que el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo Rosales, lejos de proporcionar seguridad a los ciudadanos está vinculado y coludido con el crimen organizado.
“No le importa la vida de las personas, no sabe y no quiere actuar para proteger a las víctimas, ante las amenazas de muerte por sus agresores”, asentó.
De hecho, destacó que el funcionario ha incumplido las medidas cautelares dictadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) 0042/Oax/1281/26/2019 en favor de los familiares de su compañero Gustavo Cruz Mendoza, asesinado en enero del año pasado por un grupo armado en Cerro Caliente, Santiago Jocotepec.
Por esa omisión e irresponsabilidad –asentó–, otros tres de sus compañeros fueron muertos por el grupo armado el 20 de junio de 2019.
Además, subrayó que la violencia desatada por el grupo armado ha originado el desplazamiento de 30 familias de Cerro Caliente, Santiago Jocotepec, ante el temor de una nueva agresión.
Frente a esto, demandó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa el cese de Salcedo Rosales por violar el derecho humano a la seguridad, y una mesa de diálogo para la atención de sus demandas.
Retiran bloqueo
Pasado el mediodía, los inconformes despejaron la circulación en las dos avenidas y posteriormente se concentraron en el Paseo Juárez El Llano, ante la apertura de una mesa de diálogo en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
