Seis años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares, la indígena triqui y representante de los desplazados de San Juan Copala, Lorena Merino Martínez, exigió una audiencia con el gobernador Alejandro Murat.
Con una pancarta y un altoparlante, irrumpió la mañana de ayer durante la primera ceremonia cívica del programa Septiembre mes de la patria que se desarrollaba en la Alameda de León, pero la protesta fue desestimada por el secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, argumentando que pide la compra de un terreno con un valor de cinco millones de pesos.
El 29 de mayo de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a 76 pobladores de San Juan Copala, Putla de Guerrero, que se desplazaron a vivir a Valle del Río San Pedro por la situación de riesgo que enfrentaban porque 21 días, personas que se trasladaban en una camioneta llegaron a hacer disparos y ocasionaron tres homicidios.
Al término de la ceremonia Anuar Mafud intentaba decir que “en el Gobierno de Gabino Cué se les entregaron terrenos y proyectos productivos”, pero uno de sus colaboradores lo disuadía a moverse porque “la señora sigue gritando”.
“¡Dejala que grite! Ha de estar enojada porque ayer le pagamos la luz”, decía el funcionario quien enlistaba parte de lo que el Gobierno le otorga a Lorena Merino, quien “sólo representa a 3 de los 76 cautelados”.
“Tiene 750 despensas que no quieren recibir. El Gobierno no le puede regalar de los impuestos de ustedes 40 casas, está localizada ahorita en el Palacio donde otros vendedores ambulantes desocuparon el espacio y esta es la tarea de ella, insultar”, expresó.
Calculó que tan sólo para cumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIDH el Gobierno del Estado invierte 5 millones de pesos anuales en más de 150 cautelados por diversos conflictos en la entidad heredados por la administración anterior.
Jaloneos con policía
Antes de que el funcionario, en representación del gobernador, pronunciara el discurso oficial, elementos de la Policía Estatal jalaron a Lorena Merino para impedir que ella y cuatro de sus acompañantes llegaran al templete.
Los gritos no interrumpieron la ceremonia. Las consignas de Lorena Merino a funcionarios no desistieron a pesar de que el subsecretario Carlos Ramos la enfrentó para reprocharle su insistencia de
“Nosotros queremos hablar con el gobernador”, le decía Lorena Merino al subsecretario, mientras le mostraba el moretón que policías estatales le ocasionaron, pero el intento de diálogo no llegó a nada.
“Lamentablemente la señora de una manera arbitraria llegó a irrumpir los festejos en torno a la independencia”, afirmó el funcionario entre gritos que no cesaban.
“Dentro de la medida cautelar exigen que se les de un terreno y eso no viene en las medidas cautelares, en sí quieren un terreno específico en los rumbos de Santa Cruz Xoxocotlán”, justificó.
