“Todas las personas tienen el derecho a solicitar la asistencia de un archivista para que les ayude a localizar o recuperar archivos que les permitan ejercer sus derechos” (Principio 12 de la Declaración Universal de los Archivos).
Los archivos son particularmente relevantes para la defensa de los derechos humanos; de hecho, desde hace varios años, existe un grupo de trabajo muy activo sobre archivos y derechos humanos en el Consejo Internacional de Archivos (CIA). En los Principios Básicos, de septiembre de 2016, sobre el papel de los archivistas y gestores de documentos se estableció:
“Los archivos son útiles a la causa de los derechos humanos. Muchos de estos archivos son esenciales para asegurar derechos y prestaciones: expedientes personales, documentos de la seguridad social, expedientes de salud laboral y seguridad en el trabajo, documentos del servicio militar. Otros archivos ayudan a probar derechos civiles, tales como los censos electorales, los títulos de propiedad de la tierra o los documentos que acreditan la ciudadanía. Todavía otros más ofrecen evidencias de los abusos contra los derechos humanos, como los documentos de las unidades de las fuerzas armadas y de la policía en períodos dictatoriales, o incluso los documentos de prisiones, morgues y cementerios”.
En 1995 la UNESCO y el CIA publicaron un primer estudio pionero, elaborado por un grupo de expertos, sobre la importancia de los archivos creados por los servicios de seguridad de los desaparecidos regímenes represivos. Ello fue posible como consecuencia de los distintos procesos de democratización que comenzaron en los años ochenta. En ese informe se presentó un análisis de la situación que guardaban muchos de estos archivos y se hicieron algunas recomendaciones para su gestión y conservación. En 2009 el estudio se amplió, registrándose que había habido un avance significativo en la sistematización de la información disponible sobre los archivos relevantes para los derechos humanos, su custodia, acceso y tratamiento. Incluso se establecieron principios para formular las políticas archivísticas orientadas a la defensa de los derechos humanos.
Uno de los puntos nodales de esta convergencia entre archivos, archivistas y defensores de derechos humanos es la dimensión ética. Esto se hizo más evidente cuando en 1996 el Consejo enunció en su Código de Ética los parámetros dentro de los cuales los archivistas debían llevar a cabo sus tareas profesionales. Luego se avanzó con la Declaración Universal de los Archivos, la cual fue adoptada por la UNESCO en París el 10 de noviembre de 2011, en la cual se establece: “Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida”.
Estas referencias e instrumentos son el marco general que rigen las tareas y responsabilidades que tienen los archivistas en relación con los derechos humanos. Hoy es más evidente que las formulaciones teóricas–prácticas sobre los conceptos de archivo y de gestión documental que tienen los archivistas, repercuten en la práctica cotidiana de sus labores y, éstas a su vez, tienen consecuencias políticas. Es por ello por lo que se requiere que los archivistas tengan no solo una sólida formación profesional, sino mantengan un firme compromiso ético y una explícita vocación de servicio a la sociedad.
Paradójicamente, los archivos que durante los regímenes autoritarios se usaron para espiar, perseguir, reprimir y asesinar, durante los gobiernos de transición a la democracia han servido para la protección y defensa de los derechos humanos y el ejercicio del derecho a la verdad. Y esto depende en gran medida del trabajo de los archivistas, quienes custodian, organizan y hacen accesibles los documentos, para garantizar que sean fuentes primarias confiables para conocer, indagar e investigar, para ejercer el derecho a la memoria histórica y para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos fundamentales, el acceso a la verdad y la obtención de justicia.
