Con el voto en contra de los diez diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y tres ausencias, los integrantes de la 63 legislatura aprobaron ayer la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca (LIPEO).
Después de que el presidente de la mesa directiva, Samuel Gurrión Matías, negara la palabra a la diputada de Morena, Hilda Pérez Luis, para responder a los señalamientos de falsedad y corrupción del diputado priista Donovan Rito García, los legisladores de ese instituto político acordaron votar en contra del dictamen, por lo que la nueva ley sólo fue aprobada por el 69% de los integrantes.
Antes de la negativa a su intervención, durante la presentación del dictamen que elaboraron las comisiones permanentes de administración de justicia y democracia participativa con igualdad de oportunidades, la legisladora Pérez Luis destacó que la nueva ley garantiza un sistema electoral bajo una óptica de los derechos humanos, el principio de paridad de género y de acciones afirmativas a favor de la mujer.
En el tercer periodo extraordinario de sesiones del primero año de ejercicio constitucional, dijo que la nueva legislación garantiza las candidaturas independientes, toda vez que son primordiales para el desarrollo de la vida democrática del estado; se establece la figura de candidatura independiente para ocupar los cargos de gobernador del estado, diputados por el principio de mayoría relativa y concejales que se eligen bajo el sistema de partidos políticos.
Añadió que se establecen los requisitos y el porcentaje de apoyo ciudadano para poder ser designado como candidato independiente, con base en los lineamientos que fueron confirmados por la instancias jurisdiccionales; se garantiza su representación en el consejo general, consejos distritales y consejo municipales, según sea el caso.
Sistemas normativos
Pérez Luis expresó que, en materia indígena, se incluye en el libro séptimo de la ley a los sistemas normativos indígenas en concordancia con la reforma constitucional del 2015 y para lo cual se realizó una consulta a los pueblos y comunidades indígenas en nuestro estado; se establece que la asamblea general es el máximo órgano de deliberación y toma de decisiones en una comunidad regida por sistemas normativos indígenas; se estipula que los sistemas normativos indígenas deben garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad con los hombres, así como acceder y desempeñar los cargos públicos.
