El Colectivo de Organizaciones Sociales Afromexicanas e Indígenas (COSAI) de la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero se congratuló con la iniciativa de Ley para el reconocimiento constitucional del pueblo negro afromexicano, presentada por la senadora de Morena, Susana Harp Iturribarría.
“Reconocemos el esfuerzo y su voluntad política para atender nuestra demanda de muchos años”, dijo uno de sus representantes, Israel Reyes Larrea.
El coordinador de la Alianza para el Fortalecimiento de las Regiones Indígenas y Comunidades Afromexicanas (AFRICA), afirmó que la cuarta transformación impulsada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador necesita contemplar al pueblo negro, porque no puede seguir en el olvido y en el ostracismo de muchos años.
Es un reclamo legítimo del pueblo negro –asentó–, para dejar la pobreza, la discriminación y el racismo.
Subrayó que el reconocimiento constitucional deberá estar aparejado del reconocimiento estadístico, a partir de un censo aplicado por el INEGI, con pleno respeto a las construcciones sociales de identificación del pueblo negro.
“Se deben respetar las construcciones sociales con las que se identifica el pueblo negro porque si se disfrazan con términos como afrodescendientes y no se incluye la denominación de negro, seguirán las cadenas de prejuicios y racismo”, señaló.
Además, observó que el pueblo negro requiere del reconocimiento histórico digno, porque el pueblo negro ha participado y sigue participando en la construcción de la nación mexicana.
Por eso, destacó que la aprobación del proyecto de Ley necesitará pasar por un proceso de consulta y así el pueblo negro presente algunas aportaciones.
“Es buena la iniciativa, pero es perfectible”, anotó.
De hecho, destalló que la senadora Harp Iturrribaría ha propuesto desarrollar tres foros de consulta, uno en la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero, otro en Veracruz y el último en Coahuila.
“Creemos en su palabra”, asentó.
Reyes Larrea dijo que el reconocimiento constitucional del pueblo negro es el inicio, porque después se requerirán de acciones afirmativas y políticas públicas para la protección plena de sus derechos como colectividad.
“Para los pueblos indígenas, existen programas de desarrollo social y productivo, así como de asistencia social, salud y educación, pero no hay ni uno en beneficio de nuestro pueblo. Por eso, no con el reconocimiento constitucional se acaba todo”, terminó.
