El delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gabriel Mohamed Kalid Baez, reconoció que existe venta ilícita de agua para uso humano, a partir de la existencia de pozos clandestinos -especialmente en Valles Centrales- que en breve, aseguró, serán intervenidos para su cancelación.
Señaló que a la fecha se han ubicado por lo menos 10 sitios de este tipo en comunidades de la zona metropolitana y Valles Centrales, donde es extraída el agua que se vende a través de pipas a precios cada vez mayores.
El funcionario federal dijo que realizan un esfuerzo extraordinario para atender las denuncias en ese tema y en el correspondiente al saqueo de pétreos, pues más allá de la violación a la Ley de Aguas Nacionales, se pone en riesgo la salud, integridad y economía de la población.
“No permitiré que se sigan cometiendo ilícitos y violaciones a la Ley de Aguas Nacionales y como en el caso de extractores de material pétreo que ya hemos metido a la cárcel, de la misma manera vamos a actuar contra las personas que extraigan agua ilegalmente”, enfatizó.
Y es que en el mercado negro, los costos por metro cúbico (m3) de agua pueden alcanzar los 50 pesos, cuando un concesionario debe pagar a la federación 2.70 pesos por m3 de forma trimestral, explicó Mohamed Baez.
Confirmó que en Oaxaca, solo se han otorgado 80 concesiones para explotación de pozos para agua de uso humano, 70 en los Valles Centrales y 10 distribuidos en el Istmo y la Costa.
Reiteró que se han identificado pipas que se llenan en fuentes de abasto ilegales, por lo que han reforzado las acciones de inspección y en los próximos días serán clausuradas.
“Lo de las pipas es responsabilidad de la Procuraduría Federal del Consumidor; pero tenemos claro que en la clandestinidad, los actos predatorios se dan en cadena y ellos comienzan con quien tiene un pozo ilegal y vende el agua en precios indebidos a los piperos”, expuso.
Los pozos concesionados cuentan con medidor de volúmenes, que es supervisado dos veces al año por Conagua, cuyas cifras deben coincidir con las declaraciones hechas por los propietarios ante el Servicio de Administración Tributaria.
En la capital, no hay fuentes de este tipo que alcancen niveles de explotación superiores a los 3 mil m3, debido al alto costo que representa la explotación. Cada concesión se otorga por 10 años.
