La compra y venta de imágenes íntimas –actividad que se configura como ciberdelito-, continúa y asecha a estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao).
A través de páginas en Facebook y Twitter hay quienes se dedican a “solicitar apoyo para encontrar el pack” de distintas jóvenes.
Las cuentas desde donde son difundidas imágenes de mujeres que en alguna de sus relaciones practicaron sexting, aparecen y desaparecen con tanta facilidad debido a que hay cientos de personas involucradas en este delito, desde quien proporciona las fotografías o videos, quienes las compran, y hasta quienes las viralizan.
Este tipo de delito, se extendió como pandemia. Actualmente hay al menos unas 200 páginas en Facebook y 30 cuentas en Twitter, que sin ningún tipo de censura comercializan con los cuerpos de las jóvenes como material pornográfico, pero también a manera de venganza.
En todos los casos, las fotos son obtenidas de las exparejas de las jóvenes con quienes practicaron sexting, actualmente una acción que realizan hombres y mujeres de manera común como parte del ejercicio de su derecho sexual, el cual queda transgredido cuando las fotos son difundidas sin el consentimiento.
Pero no sólo son las fotografías con contenido sexual y erótico las que son comercializadas, también hay casos de mujeres captadas en su vida cotidiana pues hay personas que se dedican a fotografiar escotes, piernas, glúteos o por debajo de las faldas.
Aunque en la mayoría de las imágenes se trata de jóvenes estudiantes, también existe acoso en contra de mujeres de distintas dependencias de gobierno, en cuyos casos toman fotos de sus perfiles de redes sociales para pedir que a los usuarios de Twitter o Facebook que aporten información sobre ellas.
Actualmente, la 64 legislatura de Oaxaca tiene en su poder la llamada Ley Olimpia que busca sancionar como un delito la difusión, divulgación, compra, distribución, publicación, comercialización, a quien compara, solicite y/o distribuya contenido íntimo a través de redes sociales sin consentimiento o autorización.
En estados como Chiapas, este delito es sancionado con seis años de prisión. Ahí fueron detectados 122 mercados de explotación sexual digital de diciembre de 2018 a febrero 2019.
En Oaxaca, los intentos de las víctimas por denunciar este delito, han sido infructuosos.
