A partir del próximo 8 de mayo iniciará operaciones en Oaxaca la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de tutelar los comicios de los 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos.
La titular de este nuevo organismo, Jannie M. Otálora Malassis, precisó que este modelo será aplicado por primera vez en el país y será Oaxaca en donde se instalen las primeras cuatro oficinas de cinco que entrarán en función en este año.
Abordada al término de la presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, señaló que esta es una estructura y modelo nuevo establecido para México, el cual será puesto a prueba con Oaxaca.
El acto de presentación de la nueva defensoría fue encabezado por el presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza; el presidente de la Sala Xalapa, Juan Manuel Sánchez Macías; la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, Jannie M. Otálora Malassis; así como el presidente del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), Wilfrido López Vázquez; el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro Nájera; y el Secretario de Asuntos Indígenas (SAI), Adelfo Regino Montes.
Así, al señalar que el establecimiento de la Defensoría puede ser considerado una "revolución del ejercicio de los pueblos indígenas en la reivindicación de sus derechos", Carrasco Daza señaló que lo anterior no es una concesión sino un deber y respuesta a una demanda impostergable.
Antes, Juan Manuel Sánchez Macías, presidente de la Sala Regional Xalapa, señaló que afortunadamente ya pasaron los tiempos en donde a los pueblos indígenas se les trataba de forma paternalista. Actualmente las comunidades han dado muestras a nivel nacional e internacional de que tienen una riqueza cultural que no requieren de ser "jalados a la civilización. Hay que converger con ellos para alimentarnos y conocer más".
De su lado, Wilfrido López Vázquez, presidente del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), agregó que por mucho tiempo los pueblos indígenas sufrieron una política de "negación" que hoy en día -aseguró- ha quedado en desuso.
Los juristas de hoy y que fueron formados en el monismo jurídico han tenido un cambio de mentalidad. "Aquella doctrina que afirmaba que en el país sólo existía un sistema único soberano y dominante, ha quedado atrás. Nadie puede concebir a la sociedad si no aceptamos la pluralidad. Es falso que haya sólo un sistema jurídico en México, el sistema Indígena existe a la par del sistema codificado. Los dos merecen respeto", expresó.
Recalcó que en este cambio se debe destacar la labor de la Sala Superior y Regional de Xalapa en la instalación de nuevos criterios en protección a los pueblos indígenas porque -aseguró- que ese derecho humano de acceso a una tutela efectiva ha sido garantizado por estos órganos jurisdiccionales.
En este contexto abundó que la labor de la defensoría reducirá la brecha entre las comunidades indígenas y los tribunales.
A su vez el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Adelfo Regino Montes, sostuvo que la instalación de la defensoría resulta de total importancia dado que "será una institución que llevará a la vanguardia el ejercicio y respeto de los derechos político electorales en el contexto nacional".
En Oaxaca -añadió- la creación de la Defensoría implica un avance sustancial debido a que en la entidad conviven dos sistemas políticos diferenciados: partidos políticos y sistemas normativos aplicables en 417 municipios de los 570.
"Los conflictos en los pueblos indígenas desafortunadamente ha sido el pretexto ideal de organizaciones políticos y despachos que abusan de la buena fe de los indígenas y que a veces en lugar de defender su soberanía terminan socavando", manifestó.
A su vez el consejero presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, agregó que el espeto a los derechos de los pueblos indígenas no es una opción sino un mandato constitucional.
Apoyado en datos de la encuesta intercensal del INEGI precisó que el 66% de la población en la entidad se considera Indígena, dos de cada tres personas en Oaxaca. No son un grupo minoritario sino la parte central, subrayó.
Abundó que dentro de los 417 municipios regidos por sistemas normativos viven 1 millón 400 mil personas, 37 por ciento de la población estatal.
Consideró también esencial la participación de las mujeres que a su vez respeta la universalidad del voto. "Es un tema primordial, el reto aún es largo".
En tanto Jannin Otála, presidenta de la Defensoría Pública Electoral, agregó que es un derecho constitucional tener acceso a las instrucciones jurisdiccionales en su contexto de lenguaje, sociales y geográficas. "Así, instituciones como esta garantizan un pleno acceso a la tutela jurisdiccional".
Destacó que quien no puede acceder a tribunales por no contar con recursos económicos se encuentra discriminada por ello la necesidad de eliminar los obstáculos.
De su lado el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que en la actualidad hay más de 500 juicios en materia indígena promovidos en el tribunal.
