Por delitos electorales cometidos el día de la votación realizada el domingo 6 de junio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió 22 carpetas de investigación.
El titular de la fiscalía, Arturo Peimbert Calvo precisó que, de manera total, durante el periodo del 1 de diciembre de 2020 al 6 de junio de 2021, con motivo del proceso electoral suman 112 carpetas por delitos electorales en donde la mitad están relacionadas con la compra y coacción del voto.
Al hacer un balance de las denuncias hechas por delitos electorales, el fiscal general indicó que en términos porcentuales las denuncias por compra y coacción del voto representa el 52 por ciento, el 20 por ciento por la utilización de programas sociales, 8 por ciento servidores públicos que proporcionan apoyo a candidatos en su horario de labores.
Otro 7 por ciento es relativo a robo y destrucción de propaganda electoral, otro 7 por ciento por robo de urnas y 6 por ciento por destinar, utilizar o permitir la utilización de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición a favor de un candidato o partido político.
Violencia política
Agregó que durante el plazo antes mencionado, se han acumulado otras 48 carpetas de investigación por delitos del orden común relacionados con motivo del proceso electoral: en un 48% amenazas, 13% robo, 8% robo a casa de campañas, 8% privación ilegal de la libertad, 8% lesiones, 3% disparo de arma de fuego, 2% daños por incendio, 2% suplantación de identidad, 2% asalto, 2% homicidio, 2% abuso sexual y 2% otros.
Además, mantienen abiertas otras 106 carpetas de investigación por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género en el Estado de Oaxaca; de éstas 43 son por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, denunciadas por candidatas a diputadas locales o a concejalías municipales.
En tanto otras 6 carpetas de Investigación fueron interpuestas por precandidatas por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género; 57 carpetas de Investigación por presidentas, síndicas y regidoras, además de secretarias municipales, servidoras públicas en ejercicio de cargo de elección popular.
En el caso de las medidas de protección se concedieron 33 con motivo del proceso electoral solicitadas en carpetas de investigación.
Hasta el 6 de junio de 2021 fueron recibidas en la fiscalía 98 llamadas de solicitud de orientación y atención a denuncias anónimas.
- 52% por compra o coacción del voto
- 20%, el 20 por la utilización de programas sociales
- 8% servidores públicos que apoyaron a candidatos en horarios laborales
- 7% relativo a robo y destrucción de propaganda electoral
- 7% por robo de urnas
- 6% por destinar, utilizar o permitir la utilización de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición a favor de un candidato o partido político
